La Fiscalía de Lavado de Activos de Puno ha ordenado el traslado compulsivo del obispo Jorge Carrión Pavlich con apoyo de la Policía Nacional, luego de que este se negara a comparecer en dos citaciones consecutivas.
El prelado es considerado una pieza clave en la investigación sobre una presunta red de corrupción dentro de la Iglesia, liderada por Alex Aníbal Cano Arce, canciller de la Diócesis de Puno, acusado de lavado de activos y peculado doloso.
El principal investigado, Cano Arce, ejercía un doble rol como agente pastoral y canciller de la diócesis, cargo por el que recibía un sueldo del Ministerio de Justicia, mientras que al mismo tiempo era policía de inteligencia en actividad, también pagado por el Estado.
Según la Fiscalía, Cano habría vendido ilegalmente valiosas piezas de arte religioso, como cuadros de la escuela cusqueña, cálices, copones y objetos de oro y plata, considerados patrimonio cultural.
Además, se le atribuyen transacciones inmobiliarias irregulares, incluyendo la compra de 300 hectáreas en Santa Rosa, Mazocruz, zona donde se presume la existencia de yacimientos de litio. También habría intervenido en la gestión de terrenos pertenecientes al Santuario de Cancharani, generando sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito.
Red de corrupción en otras diócesis de Puno
Las investigaciones apuntan a que esta presunta red de corrupción no se limitaría a Puno, sino que también habría operado en las diócesis de Huancané, Juli y Ayaviri.
Ante ello, la Fiscalía ha previsto citar a los obispos Monseñor Giovani Cefai, Monseñor Ciro Quispe y Monseñor Pedro Bustamante, para que expliquen el rol que Cano desempeñaba en sus jurisdicciones.
El obispo Carrión Pavlich, por su parte, ha sido renuente a colaborar con la justicia, lo que ha llevado a la Fiscalía a ordenar su traslado forzoso para que rinda declaraciones. Según los indicios, su papel habría sido clave al permitir que Cano Arce manejara los bienes de la Iglesia sin rendir cuentas.
Mientras se espera la cuantificación del daño patrimonial, que podría ascender a sumas millonarias, la Procuraduría del Estado se ha mantenido en silencio sobre el caso. La falta de acción ha generado críticas, pues se trata de bienes culturales e intereses públicos que podrían haberse visto gravemente afectados.
Este escándalo no solo involucra a la Iglesia, sino que también expone presuntos actos de corrupción que afectan el patrimonio cultural y religioso de Puno. La expectativa ahora está en las próximas diligencias y en cómo las autoridades abordarán un caso que ha sacudido los cimientos de la institución eclesiástica en la región.
