El Ejecutivo declaró en estado de emergencia a seis distritos de Madre de Dios y diez de Cajamarca con el objetivo de fortalecer la lucha contra la minería ilegal, tala ilegal, tráfico ilícito de drogas y otras actividades vinculadas a organizaciones criminales.
El Gobierno oficializó el estado de emergencia por 60 días en 16 distritos de las regiones de Madre de Dios y Cajamarca para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado. La medida busca recuperar el control territorial mediante acciones conjuntas de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal. En Madre de Dios, las disposiciones incluyen restricciones en centros penitenciarios y el desmantelamiento de infraestructura de comunicaciones ilícita. Por su parte, en Cajamarca se implementará el uso de drones con cámaras térmicas y controles estrictos sobre el tráfico de explosivos y armas.
- La emergencia abarca seis distritos en Madre de Dios y diez en la región de Cajamarca para combatir la minería ilegal, tala y narcotráfico.
- Se ejecutarán operativos de inteligencia y control de identidad para detectar desplazamientos de organizaciones criminales y personas con requisitorias.
- En los centros penitenciarios de Madre de Dios se reducirán las visitas y se aplicará un apagón eléctrico para fortalecer la seguridad interna.
- Las autoridades emplearán tecnología de drones y fiscalización de rutas para bloquear el traslado de maquinaria y recursos destinados a actividades ilícitas.
La medida tendrá una vigencia de 60 días y contempla el despliegue de fuerzas integradas por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal.
La declaratoria fue oficializada este viernes mediante dos decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano, en los que se establecen diversas acciones para recuperar el control territorial en las denominadas zonas críticas y enfrentar las actividades ilícitas que vienen afectando el orden interno.
Madre de Dios: operativo contra minería, tala y delitos conexos
En Madre de Dios, la emergencia comprende los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata; además de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu.
La decisión responde a informes policiales que advierten la necesidad de combatir y neutralizar la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos, así como situaciones de violencia atribuidas a la delincuencia común y al crimen organizado.
Durante los 60 días de emergencia se ejecutarán acciones de inteligencia para identificar y ubicar pasos no habilitados o autorizados en la línea de frontera internacional de los distritos comprendidos en la declaratoria. Estas labores estarán orientadas a reforzar el control territorial y dificultar el desplazamiento de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
La medida también contempla acciones dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las disposiciones se encuentra la reducción de las visitas: una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una visita quincenal para quienes se encuentran en el régimen cerrado especial.
Además, los internos solo podrán recibir visitas de familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. También se establece el denominado apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.
Otra de las medidas contempla el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, así como operativos permanentes para incautar tarjetas SIM, teléfonos celulares, armas blancas y otros artículos prohibidos.
Estas acciones estarán a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, o la unidad que haga sus veces, con el apoyo de las fuerzas integradas.
Cajamarca: emergencia por minería ilegal y crimen organizado
En Cajamarca, la declaratoria alcanza a diez distritos: La Encañada, en la provincia de Cajamarca; Cachachi, en Cajabamba; Sorochuco y Huasmín, en Celendín; Hualgayoc y Bambamarca, en Hualgayoc; San Ignacio, San José de Lourdes y Namballe, en San Ignacio; y Bellavista, en la provincia de Jaén.
De acuerdo con los considerandos del decreto supremo, la medida fue adoptada debido a informes policiales que alertan sobre la afectación del orden interno provocada por el incremento de la minería ilegal, delitos conexos y otras situaciones de violencia atribuidas a la delincuencia común y al crimen organizado.
En estos distritos, las fuerzas integradas tendrán entre sus principales tareas el resguardo de instituciones públicas, la ejecución de operativos de rastrillaje y la instalación de puestos de comando temporales, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca y las municipalidades involucradas.
Asimismo, se realizarán operativos de control de identidad en inmuebles, vías públicas, transporte público y privado, además de intervenciones a vehículos motorizados y no motorizados. Estas acciones estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda y captura de personas con requisitorias vigentes.
Las autoridades también fiscalizarán las rutas de acceso y salida utilizadas por unidades vinculadas a la minería ilegal y delitos conexos, con el propósito de identificar y bloquear las vías empleadas para el traslado de personas, maquinaria y otros recursos destinados a actividades ilícitas.
Drones, control de explosivos y presencia de fuerzas integradas
Entre las medidas contempladas para Cajamarca destaca el uso de drones equipados con cámaras térmicas, que permitirán ubicar posibles campamentos ocultos y detectar actividades ilegales en socavones y otras zonas donde se desarrolla la minería ilegal.
También se establecerán mecanismos de control en las rutas y vías de acceso a las áreas de explotación minera para identificar el tráfico de explosivos y armas de fuego, así como posibles irregularidades relacionadas con el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
El objetivo será reforzar la capacidad operativa del Estado para intervenir en zonas donde las actividades mineras ilegales se desarrollan fuera del control de las autoridades y donde podrían operar organizaciones dedicadas a otros delitos.
Durante el periodo de emergencia, el orden interno estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo y el Serenazgo Municipal participará dentro de sus competencias. Las acciones se desarrollarán bajo coordinación con los gobiernos regionales y locales correspondientes.
