El Primer Juzgado Civil de Islay declaró improcedente, de manera preliminar, la acción de amparo interpuesta por un grupo de dirigentes y ciudadanos que buscan detener el avance del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, en Arequipa. La resolución fue emitida el pasado 27 de marzo por el juez Joel Fernández Monroy.
Según el fallo, la demanda no cumple con los requisitos formales establecidos en el Código Procesal Constitucional. Entre las observaciones se señala la ausencia de un domicilio procesal, la falta de medios probatorios físicos y la presentación desordenada del petitorio, lo que impide que el proceso continúe su curso en su estado actual.
Los demandantes —Cristhian Torres Quispe, Elisban Arotaipe Huamani, José Blanco Choquehuanca, Pedro Calle Mamani, Roger Chirapo Roque, Juan Galdos Quispe y Mariano Mamani Quispe— tienen un plazo de dos días hábiles para corregir las deficiencias observadas. Los demandantes precisaron, a través de las redes sociales, que subsanarán todo.
De no hacerlo, su demanda será rechazada de forma definitiva y archivada. Entre los demandados se encuentran autoridades como el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, asi como Víctor Quispe Rodríguez, María Torres Tejada, Jorge Luis Montero Cornejo y representantes de la empresa Southern Perú Copper Corporation.
El proyecto minero Tía María, que requiere una inversión de US$ 1,802 millones, fue suspendido en 2019 tras una serie de protestas violentas. Sin embargo, en febrero de 2025, la compañía minera anunció que comenzará la construcción este año.
En julio de 2024, la presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró ante el Parlamento que el proyecto generará recursos que beneficiarán el desarrollo del Valle de Tambo.
