El Ministerio Público en Tacna ha iniciado acciones de control y verificación ante la detección de más de mil posibles “votos golondrinos” en el distrito de Ilabaya, un fenómeno que consistiría en el cambio irregular de domicilio para influir en procesos electorales. Las autoridades han activado una serie de medidas preventivas para determinar la magnitud del caso y posibles responsabilidades.
El Ministerio Público de Tacna detectó más de mil posibles "votos golondrinos" en el distrito de Ilabaya y advirtió sanciones de hasta 10 años de cárcel por delitos electorales. Walter Goyzueta, presidente de la Junta de Fiscales, informó que se solicitó información a la RENIEC sobre variaciones de domicilio sospechosas para investigar posibles casos de falsedad ideológica. En el distrito de Ilabaya se identificaron 1,183 personas que no residirían en las direcciones registradas, incluyendo concentraciones inusuales de ciudadanos en un mismo inmueble. La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a vigilar el padrón electoral para evitar alteraciones en los procesos democráticos de la región sur. Paralelamente, Goyzueta señaló que las limitaciones presupuestales dificultan la atención de estos casos y han paralizado proyectos de modernización institucional.
- La Fiscalía advirtió que consignar un domicilio falso en el DNI con fines electorales puede conllevar penas de hasta 10 años de prisión por falsedad ideológica.
- Se identificaron 1,183 casos de presunto "voto golondrino" en el distrito de Ilabaya, lo que activó acciones de control en las fiscalías de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y Tacna.
- El Ministerio Público reporta una falta de financiamiento para contratar personal especializado y cubrir pericias que oscilan entre los 20,000 y 30,000 soles.
- Varios proyectos de modernización del área de Criminalística se encuentran detenidos pese a convenios existentes con el Gobierno Regional debido a la crisis presupuestaria.
Fiscalía coordina con Reniec y alerta sobre delitos electorales
El presidente de la Junta de Fiscales, Walter Goyzueta, informó que la Fiscalía de Prevención del Delito ya solicitó información a la RENIEC sobre variaciones sospechosas de domicilio en distintas zonas de la región. Según explicó, estos hechos no solo serían irregularidades administrativas, sino que podrían constituir delitos con consecuencias penales severas.
El representante del Ministerio Público advirtió que, en conjunto, estas conductas podrían derivar en penas que alcanzarían hasta 10 años de prisión. En su explicación, señaló que cuando se verifica que una persona consigna un domicilio falso en su DNI con fines electorales, se configura un posible delito de falsedad ideológica, además de un perjuicio contra la fe pública.
Goyzueta detalló que en Ilabaya se identificaron 1,183 personas que no residirían en las direcciones registradas, incluyendo casos de concentraciones inusuales en un mismo inmueble. Además, indicó que las fiscalías de Jorge Basadre, Tarata, Candarave y Tacna han sido instruidas para reforzar las labores de prevención y detección de estos movimientos irregulares.
El fiscal también exhortó a la ciudadanía a participar en la vigilancia del padrón electoral. En ese sentido, afirmó que “el voto golondrinaje altera la elección democrática de los pobladores de determinada jurisdicción y eso es lo que debemos prevenir”, destacando la importancia del control social para evitar distorsiones en los procesos electorales.
Por otro lado, Goyzueta expresó su preocupación por las limitaciones presupuestales del Ministerio Público, señalando que la institución no cuenta con recursos suficientes para atender el volumen de casos detectados. Según indicó, si RENIEC reporta más de mil investigaciones, “humanamente no vamos a poder atenderlos con el presupuesto actual”.
Asimismo, advirtió que la falta de financiamiento ha afectado la continuidad de personal especializado, como psicólogos y digitadores, además de retrasar pericias cuyo costo puede oscilar entre 20,000 y 30,000 soles. También mencionó que varios proyectos de modernización del área de Criminalística permanecen paralizados, pese a la existencia de convenios con el Gobierno Regional.
