Representantes de los deudos de las personas fallecidas durante las protestas sociales de enero de 2023 expresaron su rechazo a una posible presidencia de Keiko Fujimori y señalaron que no la reconocerían como mandataria en caso de resultar vencedora en el proceso electoral.
Familiares de las personas fallecidas durante las protestas de enero de 2023 manifestaron su rechazo a una posible presidencia de Keiko Fujimori, señalando que no reconocerían su mandato en caso de resultar electa. Raúl Samillán, vocero de los deudos en Juliaca, cuestionó las iniciativas legislativas que otorgarían competencia al fuero militar para juzgar delitos cometidos por miembros de las fuerzas del orden. Según los colectivos, el respaldo del fujimorismo al actual gobierno y las recientes normas aprobadas ponen en riesgo las investigaciones sobre las muertes registradas durante las manifestaciones. Los familiares aseguraron que continuarán organizados en demanda de justicia y rendición de cuentas por parte de los responsables.
- Los deudos expresaron que no reconocerían la legitimidad de un eventual gobierno de Keiko Fujimori debido a preocupaciones sobre la impunidad en los procesos judiciales.
- El vocero Raúl Samillán criticó la aprobación de una ley que otorga competencia exclusiva al fuero militar y policial para juzgar delitos de las fuerzas del orden.
- Se cuestionó el rol de Fuerza Popular en el Congreso por su respaldo al gobierno de Dina Boluarte durante la crisis social de 2023.
- Los colectivos señalaron que gran parte de las regiones del interior, como Puno, no respaldaron la candidatura de Fujimori en procesos electorales previos.
- Los familiares de las víctimas reafirmaron que mantendrán acciones de movilización y vigilancia hasta lograr sanciones para los responsables de las muertes.
Colectivos cuestionan normas aprobadas por el Congreso y temen retrocesos en la búsqueda de justicia
Los familiares de las víctimas sostienen que mantienen profundas diferencias con la lideresa de Fuerza Popular debido a decisiones políticas recientes que, según consideran, ponen en riesgo las investigaciones relacionadas con las muertes registradas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.
Raúl Samillán, vocero de los deudos en Juliaca, manifestó que la aprobación de una iniciativa legislativa que otorgaría competencia exclusiva al fuero militar y policial para juzgar determinados delitos cometidos por miembros de las fuerzas del orden representa una señal preocupante para quienes buscan justicia.
En ese contexto, recordó los cuestionamientos que existen sobre hechos ocurridos durante la década de 1990 y afirmó que existe preocupación por una eventual situación de impunidad.
“Ahora quieren seguir matando con la ley en la mano. Con impunidad. Con una ley que viola los Derechos Humanos”, declaró, al señalar que medidas de ese tipo afectarían las expectativas de las familias que esperan sanciones para los responsables de las muertes registradas en las protestas.
Asimismo, sostuvo que gran parte de las regiones del interior del país no respaldaron la candidatura de Fujimori en las elecciones. Según indicó, en Puno el apoyo ciudadano se inclinó mayoritariamente por Roberto Sánchez, por lo que cuestionó la posibilidad de que los resultados finales se definan por los votos emitidos en el extranjero.
Mantendrán acciones de protesta y vigilancia
Samillán también criticó la actuación del fujimorismo en el Congreso, al considerar que respaldó al gobierno de Dina Boluarte durante la crisis social de 2023. En su opinión, ese sector político no mostró una postura firme frente a las muertes ocurridas durante las manifestaciones y apoyó la aprobación de normas que considera perjudiciales.
“El fujimorismo desde el Congreso blindó a Dina Boluarte. Nunca dijeron nada sobre las muertes del 2023”, expresó el dirigente, quien además sostuvo que, de concretarse una victoria electoral de Keiko Fujimori, diversos sectores del interior del país cuestionarían la legitimidad de su eventual mandato.
Finalmente, aseguró que los familiares de las víctimas continuarán organizados y movilizados en demanda de justicia. Según remarcó, no cesarán en sus esfuerzos hasta esclarecer lo ocurrido con sus seres queridos y lograr que los responsables rindan cuentas ante las autoridades competentes.
