José Samamé, quien se desempeñó como gerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue puesto en libertad luego de permanecer 48 horas detenido por su presunta responsabilidad en las irregularidades registradas durante las elecciones del pasado 12 de abril, donde diversas mesas no se instalaron a tiempo.
José Samamé, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, fue puesto en libertad tras cumplir 48 horas de detención por presuntas irregularidades en los comicios del 12 de abril. La investigación se centra en el supuesto delito de omisión de funciones debido a retrasos logísticos que impidieron la instalación oportuna de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima. El exfuncionario, quien presentó su renuncia previo a su intervención, era responsable de la supervisión del despliegue de materiales como cédulas y ánforas. El Ministerio Público precisó que las diligencias continúan para establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.
- Liberación del exgerente de la ONPE tras 48 horas de detención por presuntas fallas logísticas.
- Investigación abierta por el supuesto delito de omisión de funciones ante el retraso en la instalación de mesas.
- Renuncia del funcionario en medio de cuestionamientos por la desorganización operativa durante la jornada electoral.
- Continuidad de las diligencias fiscales para establecer implicancias administrativas y penales.
Investigación continúa pese a su liberación
La detención del exfuncionario se dio en el marco de una investigación por el supuesto delito de omisión de funciones, relacionado con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo inicial del proceso electoral. Samamé tenía a su cargo la supervisión del despliegue de materiales como cédulas, ánforas y otros recursos indispensables, cuya distribución presentó retrasos en varios distritos de Lima.
Previo a su intervención por parte de las autoridades, el entonces gerente optó por presentar su renuncia en medio de cuestionamientos públicos por la desorganización en la logística electoral. Dichas fallas obligaron a extender el horario de votación en distintos locales, con el fin de garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al sufragio.
Desde el Ministerio Público se precisó que la liberación no significa el cierre del caso, sino que las diligencias continúan para establecer posibles responsabilidades tanto administrativas como penales. En ese sentido, las autoridades buscan esclarecer el nivel de implicancia del exfuncionario en los hechos que generaron críticas hacia el sistema electoral.
El caso ha reavivado el debate sobre la capacidad operativa de la ONPE para afrontar procesos electorales de gran escala, especialmente ante situaciones que comprometen la organización y ejecución oportuna de la jornada de votación.
