La Junta Nacional de Justicia (JNJ) atraviesa una grave crisis institucional tras conocerse la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, varios de ellos relacionados con figuras clave del sistema judicial y político del país, como Keiko Fujimori, Patricia Benavides, José Domingo Pérez y magistrados implicados en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.
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Según una investigación del semanario Hildebrandt en sus trece, los archivos fueron eliminados de forma deliberada desde dentro de la propia JNJ, utilizando accesos privilegiados que permitieron borrar la información sin dejar rastros. Inicialmente, se sospechó de una falla técnica, pero las indagaciones de la Policía descartaron esta posibilidad y confirmaron que se trató de una manipulación interna.
JNJ: Expedientes clave desaparecen en contexto de presunto encubrimiento
Los documentos eliminados incluían denuncias disciplinarias sensibles iniciadas desde enero de 2025, muchas de las cuales afectaban a funcionarios actualmente en funciones o vinculados a investigaciones por corrupción. Entre los casos más destacados está el de Carmen Velarde, jefa del Reniec, por la inscripción irregular de partidos políticos; así como expedientes relacionados con la fiscal Delia Espinoza y el fiscal José Domingo Pérez.
También figuran archivos sobre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, recientemente reincorporada al cargo por decisión de la JNJ, a pesar de las acusaciones que enfrenta por presunta organización criminal. La pérdida de estos documentos refuerza la hipótesis de un encubrimiento intencional para proteger a personajes con influencia en el aparato judicial.
Credibilidad de la JNJ en entredicho en medio de crisis política
El escándalo estalla en un momento delicado para la JNJ, que ya venía siendo cuestionada por su actuación en casos de alto perfil. Su actual presidente, Gino Ríos Patio, con antecedentes judiciales por violencia familiar, ha sido criticado por priorizar intereses políticos sobre la función disciplinaria de la institución.
La reincorporación exprés de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación —pese a las investigaciones en su contra— y la presión ejercida sobre Delia Espinoza para cumplir esa orden, han intensificado las críticas contra el organismo. La situación se agrava con la reciente promulgación de una ley de amnistía que favorece a miembros de las Fuerzas Armadas procesados por violaciones a los derechos humanos.
Para diversos sectores, la desaparición masiva de expedientes no solo representa una grave vulneración institucional, sino que confirma una preocupante tendencia hacia la impunidad y el uso político de la justicia en el Perú.
