El canciller Elmer Schialer reveló que el Ejecutivo evalúa seriamente la posibilidad de trasladar a reos peruanos de alta peligrosidad a cárceles en El Salvador, como parte de una estrategia para reducir el hacinamiento penitenciario en el país.
Esta iniciativa, que ya había sido planteada como proyecto de ley en el Congreso de la República por la congresista Katy Ugarte, cuenta ahora con la atención de instancias del gobierno central y ha sido comunicada oficialmente por el embajador salvadoreño en Perú a su gobierno.
«Es una posibilidad, no hay que descartarlo. Sabemos cuál es el problema de inseguridad en el Perú y el hacinamiento en nuestras cárceles», declaró Schialer, tras reunirse con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
El canciller agregó que, aunque aún se encuentra en fase de análisis, esta propuesta podría contar con el respaldo de El Salvador, aunque no sería un apoyo gratuito. El costo estimado por reo, según el expresidente del INPE, Javier Llaque, sería de 200 dólares diarios, cifra que también se está evaluando en el marco del posible convenio.
Críticas a esta propuesta elaborada por congresista
No obstante, la propuesta ha generado críticas entre expertos en el sistema penitenciario. Javier Llaque calificó la iniciativa como «técnicamente inviable» y señaló que la exposición de motivos del proyecto confunde tratados internacionales existentes, que solo contemplan el traslado de extranjeros a sus países de origen, no de nacionales peruanos al extranjero.
Asimismo, recordó que la Constitución establece que la pena debe tener como fines la rehabilitación y reinserción social, algo que, según él, sería imposible de garantizar en un penal extranjero como el CECOT de El Salvador.
También desestimó que la medida tenga impacto real en el deshacinamiento carcelario, dado que el país necesita más de 60 mil espacios y el traslado de un grupo reducido no solucionaría el problema estructural.
La discusión continúa mientras el Ejecutivo, el Congreso y otras instituciones sopesan los aspectos legales, económicos y humanos de esta propuesta que ha abierto un nuevo debate sobre el futuro del sistema penitenciario en el Perú.
