Omar Fernández
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El anuncio de Southern Perú sobre la construcción de una represa en el valle de Tambo para garantizar recursos hídricos a los agricultores generó una inmediata respuesta de los dirigentes de esta zona de Islay. Jorge del Carpio, rechazó tajantemente la propuesta y reafirmó que el proyecto Tía María y La Tapada carecen de licencia social.
Durante el Jueves Minero de PERUMIN 37, el gerente de Desarrollo Comunitario de Southern Perú, Felipe Gonzáles González, aseguró que la presa sería exclusivamente para los agricultores, mientras que la operación minera utilizaría agua desalinizada.
Sin embargo, Del Carpio denunció que la minera busca imponer un proyecto “criminal y genocida” en una zona agrícola vital para Arequipa.
“El pueblo del Valle de Tambo tiene un déficit de agua desde la represa de Pasto Grande, y esa es una deuda histórica del Estado. Hemos sido claros: ni una gota de agua para un proyecto como Tía María y La Tapada”, declaró Del Carpio.
El dirigente recordó que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 contemplaba el uso de agua desalinizada, pero advirtió que la planta proyectada entre Mejía y Mollendo generaría efectos colaterales en el ecosistema marino. “Esa planta expulsaría salmuera al mar, lo que significaría matar a los peces. No tiene autorización ni licencia para operar”, afirmó.
Agua solo para la agricultura
Del Carpio insistió en que el agua disponible en la zona debe destinarse exclusivamente a los agricultores y a la ampliación de la frontera agrícola, no a la minería. “Nuestro valle vive de la tierra. El agua es para la agricultura y no para proyectos extractivos que amenazan nuestra vida y nuestra economía”, sostuvo.
La empresa minera asegura que su proyecto traerá empleo, canon y desarrollo regional, los dirigentes mantienen su oposición radical. La desconfianza se alimenta de conflictos históricos por el agua y del temor a un impacto ambiental irreversible.
La confrontación entre ambas visiones confirma que, pese a los anuncios de inversión de Southern Perú y el respaldo del Gobierno Regional de Arequipa a la minería, el conflicto social en torno a Tía María sigue abierto y sin resolución.
