La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, volvió a cuestionar la imputación de rebelión formulada contra Pedro Castillo por el fallido mensaje en el que anunció la disolución del Congreso, el 7 de diciembre de 2022. Durante una entrevista con Sallqa TV, Espinoza aseguró que el proceso se sustentó en una interpretación jurídica errónea y que la detención en flagrancia del exmandatario se habría ejecutado sin base penal suficiente.
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Espinoza cuestiona la calificación penal del caso
La también abogada señaló que, desde su perspectiva, nunca existió el tipo penal de rebelión. Comentó que ahora, al estar suspendida de su cargo, puede opinar abiertamente sobre el expediente. “En ese caso, nunca ha habido rebelión porque nadie se alzó en armas”, expresó, remarcando que esa condición es indispensable para configurar el delito.
Sin embargo, precisó que ella no tuvo intervención directa en la investigación. Según narró, otro fiscal supremo estaba a cargo del expediente, y si ella opinaba o intervenía —afirmó— habría incurrido en una falta grave.
Espinoza también cuestionó la forma en que se aplicó la flagrancia el día en que Castillo fue detenido. Indicó que esta decisión se habría tomado sobre una calificación penal que, a su juicio, no correspondía a los hechos. La exfiscal señaló que, cuando regresó a sus funciones, el proceso ya estaba encaminado y no podía emitir opinión por la prohibición interna que rige a los fiscales. Luego añadió: “Ahora sí ya, en el llano, puedo decir de que no hubo rebelión”.
Cabe recordar que el Poder Judicial descartó finalmente la rebelión y condenó al expresidente a 11 años de prisión por conspiración.
El Congreso la inhabilitó por diez años
La situación de Espinoza se complica tras la reciente votación del Congreso, que aprobó su inhabilitación por diez años para ejercer cargo público. El Pleno dio luz verde al informe que la acusa de infringir la Constitución, con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.
El documento señala que la fiscal suspendida habría incurrido en “desacato” a la Ley 32130, norma que restituye a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares. Según el informe, Espinoza emitió una resolución que contradecía directamente esta disposición.
La aprobación se realizó en medio de críticas por la rapidez del procedimiento. En una primera votación, el informe no alcanzó los 68 votos requeridos; sin embargo, tras la reconsideración impulsada por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, el Pleno volvió a votar y terminó aprobándolo.
