La Corte Suprema de Justicia del Perú admitió a trámite un recurso de apelación presentado por la defensa de la expresidenta Dina Boluarte, con el que busca que se reevalúe la decisión judicial que rechazó anular una denuncia constitucional impulsada por la Fiscalía de la Nación del Perú ante el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de apelación de Dina Boluarte para revisar la denuncia constitucional relacionada con la desactivación del grupo policial de apoyo al Eficcop. La defensa de la exmandataria busca revertir la decisión judicial que rechazó anular diversas diligencias fiscales, alegando vulneraciones al derecho a la defensa y al principio de igualdad de armas. El tribunal supremo determinó que el pedido cumple con los requisitos formales y programará una audiencia virtual para escuchar los argumentos de las partes involucradas. El Ministerio Público investiga a la exjefa de Estado por presuntos delitos de encubrimiento personal agravado en perjuicio del Estado peruano.
- Admisión a trámite del recurso de apelación presentado por la defensa de Dina Boluarte ante la Corte Suprema.
- Cuestionamiento legal sobre la desactivación del equipo especial de la PNP que brindaba soporte operativo al Eficcop.
- Alegatos de la defensa sobre presuntas irregularidades en diligencias reservadas y testimonios confidenciales.
- Imputación de cargos por encubrimiento personal agravado y otros delitos en agravio del Estado.
- Programación de una audiencia virtual para el análisis final de los argumentos de la fiscalía y la defensa.
Recurso será analizado en audiencia virtual
El proceso está relacionado con la desactivación de un grupo especial de la Policía Nacional del Perú que brindaba soporte operativo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), unidad encargada de investigar presuntos casos de corrupción vinculados al poder político.
La defensa de la exmandataria acudió al máximo tribunal después de que, en junio de 2025, un juez supremo declarara improcedente una tutela de derechos con la que pretendía invalidar diversas disposiciones fiscales y actos de investigación vinculados a la indagación preliminar.
Según los argumentos presentados por sus abogados, varias diligencias —entre ellas actuaciones reservadas y testimonios confidenciales— habrían vulnerado derechos fundamentales. La defensa sostiene que se habría afectado el derecho a la defensa y el principio de igualdad de armas, además de señalar que existiría una interpretación equivocada de normas procesales durante la investigación.
Tras evaluar el pedido, el tribunal supremo determinó que la apelación cumplía con los requisitos formales exigidos. Por ello, dispuso que en los próximos días se realice una audiencia virtual en la que participarán tanto la defensa de Boluarte como representantes del Ministerio Público, quienes expondrán sus argumentos antes de que se emita una decisión final.
La denuncia constitucional tiene su origen en la decisión de desactivar el equipo policial especializado que colaboraba con los fiscales anticorrupción. En el marco de esa investigación, el Ministerio Público atribuye a la exjefa de Estado presuntos delitos como encubrimiento personal agravado y otros ilícitos en agravio del Estado.
