Por: Sarko Medina Hinojosa
Cordillera de Palabras... He caminado por calles donde el miedo se palpa en el aire. Observo cómo las personas, tras décadas de terrorismo y ahora enfrentando una creciente ola delincuencial, modifican su comportamiento cotidiano. ¿Somos conscientes del daño psicológico que esto genera en nuestra sociedad?.
La violencia criminal no solo deja pérdidas materiales o físicas; siembra profundas heridas emocionales que pocas veces atendemos. Según datos del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM, 2023), el 65% de los habitantes de Lima Metropolitana presenta síntomas de ansiedad asociados directamente con la percepción de inseguridad ciudadana.
Este fenómeno, denominado por especialistas como «estrés traumático continuo», se manifiesta de formas alarmantes. Las personas desarrollan hipervigilancia: ese estado constante de alerta donde cualquier ruido inusual dispara el sistema nervioso.
Miran constantemente sobre el hombro, evitan salir de noche, desconfían de extraños. Esta tensión permanente deteriora la salud física y mental.
Las víctimas directas sufren aún más. Un estudio del Colegio de Psicólogos del Perú (2024) revela que el 78% de personas que han sufrido asaltos o extorsiones desarrollan síntomas de ansiedad crónica, insomnio y, en casos graves, trastorno de estrés postraumático. Sus relaciones personales se deterioran, su rendimiento laboral disminuye.
Impacto psicológico: preocupante en niños y adolescentes
Particularmente preocupante resulta el impacto en niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo (2024) reporta que los menores que crecen en entornos donde la violencia es una amenaza constante normalizan conductas defensivas que afectan su desarrollo emocional.
Aprenden que el mundo es un lugar hostil, lo que dificulta su capacidad para establecer relaciones de confianza.
¿Qué hacemos frente a este problema? Las políticas públicas siguen enfocadas exclusivamente en el aspecto represivo, ignorando la dimensión psicosocial. Como señala el Ministerio de Salud (MINSA, 2023), solo el 2% del presupuesto en seguridad ciudadana se destina a la atención psicológica de víctimas.
La reconstrucción del tejido social peruano requiere atender estas heridas invisibles. No basta con más policías o cárceles; debemos sanar las cicatrices psicológicas que la delincuencia deja en nuestra población.
