Cordillera de Palabras | Mientras esperamos que termine el conteo de actas de estas elecciones 2026 y algunos piden ya la anulación del proceso, vale recordar que en el Perú anular elecciones no es novedad. Es una tradición cíclica.
La historia política del Perú registra una tendencia recurrente a la anulación de procesos electorales cuando los resultados no favorecen a los grupos de poder. Desde inicios del siglo XX hasta el año 2000, se han invalidado elecciones por desorganización, golpes de Estado y vetos políticos. En el contexto de los comicios de 2026, surgen nuevamente pedidos de anulación pese a que las demoras actuales responden a factores logísticos y geográficos. Invalidar el proceso actual implicaría un costo superior a los 1,500 millones de soles y la movilización de más de 27 millones de electores.
- Antecedentes históricos muestran que las elecciones peruanas han sido anuladas en múltiples ocasiones bajo regímenes democráticos y dictatoriales.
- El proceso electoral de 2026 enfrenta retrasos en el conteo de actas rurales, situación que se estima resolver hacia mediados de mayo según proyecciones de los entes electorales.
- Una eventual anulación requeriría la reinstalación de 92,766 mesas de sufragio y la capacitación de casi 300,000 miembros de mesa.
- Los problemas actuales son atribuidos a la complejidad de la cédula de votación y a las fracturas geográficas del país en lugar de un fraude sistémico.
Desde 1900 hasta hoy, en algunas veces, si el resultado de las urnas no satisfacía a alguien con el poder suficiente, las elecciones se anulaban.
Una historia de elecciones anuladas en el Perú
En 1912 el caos fue tan grande que el proceso colapsó solo. El sistema de votación descentralizado generó tanta violencia y desorganización que el escrutinio se detuvo sin ganador oficial.
El Congreso tuvo que intervenir de emergencia y elegir a Guillermo Billinghurst para evitar una guerra civil. Mismo problema que hoy: actas que tardan días en llegar desde zonas sin carretera.
En 1919 Augusto B. Leguía iba ganando, pero el gobierno civilista empezó a anular actas y demorar el conteo para favorecer a su rival. Leguía no esperó que el Jurado invalidara su victoria: el 4 de julio dio un golpe de Estado, disolvió el Congreso y anuló el proceso electoral completo para empezar de cero bajo sus propias reglas.
Eso de disolver el Congreso no es novedad de algún presidente que se convierte en dictador.
1936 fue aún peor. Luis Antonio Eguiguren estaba ganando con apoyo del APRA, partido que estaba proscrito por ser considerado “internacional”. El Jurado Nacional de Elecciones argumentó que esos votos eran ilegales y anuló las elecciones totalmente. El dictador Óscar R. Benavides extendió su mandato tres años más de forma inconstitucional.
En 1950 el dictador Manuel A. Odría quiso “legalizar” su gobierno convocando elecciones, pero el JNE tachó y anuló la candidatura de su único rival serio, el general Ernesto Montagne. Con la oposición anulada antes de ir a las urnas, Odría corrió solo.
No se anuló el día de la votación, pero se anuló la naturaleza democrática del proceso. Técnicamente hubo elecciones. Técnicamente.
1962 es el caso más clásico de anulación por presión militar. Víctor Raúl Haya de la Torre ganó por margen estrecho pero no llegó al tercio de votos requerido.
El Congreso debía decidir, pero las Fuerzas Armadas denunciaron un “fraude“, derrocaron a Manuel Prado, anularon las elecciones de 1962 y convocaron a nuevas elecciones en 1963. El veto militar a Haya de la Torre fue tan descarado que ni siquiera intentaron disfrazarlo de legalidad.
El año 2000 cerró el siglo con la misma lógica. Alberto Fujimori buscaba su tercera reelección en medio de denuncias masivas de fraude. Alejandro Toledo se retiró de la segunda vuelta denunciando falta de garantías.
Fujimori fue proclamado ganador, pero la OEA y la comunidad internacional declararon el proceso “viciado de nulidad“. Tras la caída del régimen meses después, el proceso fue invalidado políticamente y se convocaron nuevas elecciones en 2001.
El presente: ¿repetir el patrón o aprender?
Ahora, en 2026, con el conteo todavía inconcluso y voces pidiendo anulación, la pregunta es si vamos a repetir el patrón. Anular estas elecciones costaría muchísimo más que dejarlas seguir su curso.
Estamos hablando de meses adicionales de incertidumbre, de un presupuesto electoral que ya superó los 1,500 millones de soles, de volver a movilizar a más de 27 millones de electores, de reinstalar 92,766 mesas de sufragio, de capacitar nuevamente a casi 300,000 miembros de mesa y con la seguridad país cayendo a niveles insostenibles ni para Julio Velarde.
¿Hay problemas en el proceso actual? Claro que sí. El conteo progresivo sigue generando espejismos geográficos que luego se revierten. La cédula más grande de la historia peruana sigue causando demoras.
Las actas de zonas rurales siguen llegando tarde porque viven lejos de todo y las actas que se están contabilizando en los Jurados Especiales demorarán hasta la quincena de mayo amenazan desde la ONPE. Pero estos problemas no son fraude, son logística de un país fracturado por la geografía y la desigualdad.
Revisar el pasado nos ayuda a comprender que en el Perú todo es cíclico: cada generación enfrenta la misma tentación de anular lo que no le gusta en vez de aceptar lo que votó el pueblo.
Cada generación tiene sus militares, su oligarquía o su establishment que cree saber mejor que las urnas. Cada generación repite que “esta vez es diferente, esta vez sí hay fraude real”.
Y cada generación se equivoca igual. Que este país se sostenga aún es más gracias al poder de resiliencia que tenemos desde épocas preincas que la propia elección de autoridades, déjenme concluir.
