El conflicto que mantiene paralizadas importantes obras públicas en Arequipa dio un nuevo giro judicial. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado ordenó siete días de detención judicial contra los dirigentes de Construcción Civil, Lugue Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, investigados por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., encargada de construir la nueva sede del Poder Judicial en el distrito de Cerro Colorado.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado dictó siete días de detención judicial contra los dirigentes de Construcción Civil, Lugue Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, por el presunto delito de exigencia extorsiva. La investigación se centra en incidentes de violencia y presiones contra la empresa encargada de la nueva sede judicial en Cerro Colorado, afectando también la construcción del Nuevo IREN Sur. Según el Ministerio Público, los dirigentes habrían condicionado la paz laboral a la reposición de tres trabajadores despedidos por inasistencias injustificadas. En respuesta a las detenciones, el sindicato inició un paro indefinido que la Gerencia Regional de Trabajo ya calificó como fuera del marco legal.
- Dictan siete días de detención judicial para dos dirigentes sindicales por presunta extorsión en obras públicas estratégicas.
- El conflicto paraliza proyectos clave en Arequipa, incluyendo la nueva sede del Poder Judicial y el Nuevo IREN Sur.
- La fiscalía investiga actos de violencia, daños materiales y amenazas ocurridos desde junio en el distrito de Cerro Colorado.
- El sindicato de Construcción Civil convocó a un paro indefinido y exige la liberación de sus dirigentes para retomar el diálogo.
- La Gerencia Regional de Trabajo advirtió que la huelga es ilegal y que los obreros podrían enfrentar descuentos o despidos.
La paralización de Construcción Civil ya afecta la construcción del Nuevo IREN Sur y la nueva sede judicial de Cerro Colorado, obras consideradas prioritarias para la atención de pacientes oncológicos y para mejorar el servicio de administración de justicia en Arequipa.
La medida juidicial fue dispuesta por el juez Eddy Leva Cascamayta, quien consideró necesario otorgar a la Fiscalía un plazo adicional para realizar diligencias urgentes y reunir elementos tanto de cargo como de descargo.
La investigación no solo abarca los daños registrados durante las protestas en la obra judicial, sino también una serie de hechos ocurridos desde junio que, según el Ministerio Público, estarían relacionados entre sí.
La decisión judicial se produce en medio de una paralización que ya afecta proyectos estratégicos para la región, entre ellos el Nuevo IREN Sur y otras obras ejecutadas mediante Obras por Impuestos y contratos públicos.
Construcción civil: fiscalía investiga presunta exigencia extorsiva
Según la resolución judicial, el caso está vinculado a las protestas registradas el 6 de julio en la obra de la futura sede del Poder Judicial, donde manifestantes destruyeron parte del cerco perimétrico y dañaron cámaras de videovigilancia. Además, el expediente incluye actas policiales que señalan que obreros sindicalizados habrían impedido el ingreso del personal mediante actitudes intimidatorias.
El juez también tomó en cuenta conversaciones telefónicas y reclamos formulados durante las protestas, en los que se solicitaba la reincorporación de tres trabajadores despedidos por acumular inasistencias injustificadas. De acuerdo con la investigación, algunos dirigentes habrían condicionado el retorno de la tranquilidad en la obra a la reposición de esos trabajadores.
La medida se sustenta en el artículo 200-A del Código Penal, incorporado en febrero de 2026, que tipifica el delito de exigencia o requerimiento extorsivo.
Esta norma sanciona a quienes, mediante violencia o amenazas explícitas o implícitas, bloquean vías, paralizan obras o impiden el desarrollo de actividades legalmente autorizadas para obtener beneficios económicos u otras ventajas indebidas. La pena prevista para este delito oscila entre nueve y doce años de prisión.
Paro indefinido y presión por la liberación de dirigentes
Tras la detención de los dirigentes, el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa anunció un paro indefinido y advirtió que no participará en mesas de diálogo mientras los investigados permanezcan detenidos.
El dirigente sindical Mariano Nina señaló que la medida cuenta con el respaldo de gremios de la Macro Región Sur y amenazó con ampliar la protesta a nivel macrorregional.
Por su parte, la Gerencia Regional de Trabajo sostuvo que la medida de fuerza no cumple con los requisitos legales para ser considerada una huelga, debido a que no fue comunicada formalmente ni se desarrolla dentro de los centros laborales.
La entidad recordó que las ausencias injustificadas podrían generar descuentos salariales e incluso procesos de despido si se prolongan por varios días.
