Dos testimonios señalan al actual comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Ángulo, de haber brindado apoyo irregular a mineros formales e informales durante su gestión como jefe policial en Arequipa.
Las acusaciones, reveladas en un reportaje del programa “Panorama”, provienen de un colaborador eficaz y un agente policial que prestó servicios en la zona de conflicto.
Ambos testigos han declarado ante la Fiscalía sobre presuntas acciones ilegales vinculadas al manejo del orden en los territorios mineros de Caravelí, específicamente en terrenos concesionados a la empresa Intigold.
Esta compañía, formalmente constituida, es actualmente investigada por el Ministerio Público por supuestos vínculos con una organización criminal.
Concesiones en disputa: Víctor Zanabria tenía el control
Según información fiscal, en el año 2020 Intigold comenzó a subalquilar sus concesiones a mineros artesanales. Entre ellos se encontraba el grupo “Kallpa Renace”, que inicialmente firmó un acuerdo con la empresa, el cual se rompió meses después por discrepancias en el pago por la extracción del mineral.
A partir de esa ruptura, el conflicto en la zona se intensificó. Según el testimonio del policía ante el programa dominical, Víctor Zanabria, entonces jefe de la región policial de Arequipa, tenía control absoluto sobre todas las unidades de la PNP desplegadas en la zona. El agente lo vincula directamente con una presunta organización criminal.
El mismo testigo asegura que se produjeron hechos irregulares desde el momento en que se estableció contacto entre los grupos mineros y Zanabria.
Entre ellos, destaca la presencia de efectivos policiales en los campamentos mineros, que habrían sido destacados desde otras comisarías de la región, pero figuraban en sus puestos originales para no levantar sospechas.
“El general los enviaba a la mina desde sus puestos en Arequipa y aparecían como si estuvieran cumpliendo funciones en sus unidades, pero realmente prestaban servicio en la mina, donde además recibían pagos diarios de 250 soles”, relató el testigo.
El rol del colaborador eficaz
A estas declaraciones se suma la de un colaborador eficaz que formó parte de los grupos armados que operaban en la zona.
Este exintegrante de bandas que cometieron asesinatos por el control de las concesiones, narró ante el Ministerio Público que los efectivos policiales fueron utilizados como garantes del crimen e impunidad.
El colaborador sostuvo que su labor consistía en ejecutar desalojos violentos, tras los cuales la policía ingresaba a custodiar los terrenos recuperados. Agregó que este accionar era parte de un acuerdo previo con Zanabria.
“Nosotros hacíamos el trabajo sucio y luego venía la policía a quedarse. Eso ya se había coordinado con el general jefe de la Policía”, indicó en su testimonio.
El exintegrante de los grupos armados también aseguró que, gracias a las comunicaciones dentro de la PNP, eran alertados sobre futuras intervenciones policiales, lo que les permitía escapar antes de ser capturados.
Caso de homicidio en conflicto minero
Uno de los hechos más graves relatados por el colaborador eficaz está relacionado con un homicidio ocurrido en diciembre de 2020.
Según su versión, un trabajador fue asesinado durante un ataque en uno de los campamentos mineros, mientras los efectivos policiales asignados a la zona supuestamente “dormían” en sus instalaciones.
“Es imposible que no hayan escuchado el tiroteo desde el campamento”, expresó. Detalló que el cuerpo fue posteriormente enterrado con explosivos en un hoyo cavado previamente, bajo conocimiento de representantes legales de Intigold.
“Se comunica con una señora y una abogada de Intigold. Le dicen que no hay problema, que todo está controlado con la policía”, añadió en su declaración ante la Fiscalía.
Manipulación de emergencias
De acuerdo con el testigo policial, parte del mecanismo para justificar la intervención policial en la zona consistía en reportar supuestos ataques o situaciones de emergencia.
Estas alertas habrían servido para mantener estados de emergencia prolongados y así garantizar la presencia de efectivos en los campamentos mineros.
El beneficio, indicó, era mayormente para los mineros informales, quienes operaban sin pagar impuestos ni acatar los acuerdos con la empresa formal.
Descargos del general Zanabria
Consultado por el programa “Panorama”, el general Víctor Zanabria negó todas las acusaciones en su contra. Señaló que el caso fue archivado por la Fiscalía luego de que el colaborador eficaz proporcionara una fecha errónea en su declaración.
“La Fiscalía archivó el caso porque el colaborador dio una fecha en la que yo estaba en Jordania y se cayó toda la investigación”, declaró Zanabria.
Una fuente cercana a las investigaciones sostuvo que, durante su gestión como jefe regional, Zanabria habría cambiado a todo el personal de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de Arequipa, incluyendo a quienes estaban a cargo de las indagaciones sobre estos hechos.
En su lugar, habría designado al comandante PNP Juan Torres Aragonés, quien anteriormente fue jefe de su conviviente.
Además, “Panorama” reveló que el propio Zanabria accedía a información sensible relacionada con los colaboradores eficaces que lo denunciaron, debido a que la investigación estaba en manos de los efectivos que él mismo había nombrado en cargos clave.
Pese a que la investigación inicial fue archivada, las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, así como los hechos descritos, mantienen abierta la controversia en torno a la actuación de Víctor Zanabria en el conflicto minero de Caravelí. No se descarta que nuevas diligencias puedan retomarse si se presentan nuevas pruebas ante el Ministerio Público.
