Carlos Herrera
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Caso Policías albañiles. La fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, solicitó por el plazo de 18 meses, la suspensión en el cargo de Comandante General de la Policía, del general PNP Víctor Zanabria Angulo. Fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, confirmaron que este documento está en manos de la jueza del caso, Janet Lastra, debe definir la fecha de audiencia para esta solicitud.
La suspensión de Zanabria en el cargo se solicita por la investigación que se le sigue por presuntamente cometer los delitos de negociación incompatible, colusión y peculado doloso en el caso de los “policías albañiles”.
De acuerdo a la investigación fiscal, Víctor Zanabria, junto al ahora Prefecto Regional de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos (exjefe de Secretaría de la IX MACREPOL), Luis Cancela Roggero (exjefe de la Unidad de Administración de la MACREPOL), Claudia del Castillo (exjefe de Patrullaje a Pie) y Rolando Rodríguez Bilbao (exoperador Logístico de la Región Policial Arequipa), en 2020, en plena pandemia de la COVID-19, permitieron que 15 policías que realizaban patrullaje a pie, hicieran trabajos de albañilería.
Con respecto a la acusación fiscal, está sería presentada antes del 25 de julio, fecha en la culminan los plazos de investigación por parte del Ministerio Público.
Zanabria envuelto en irregularidades en obra
Estos hechos han sido corroborados por testigos protegidos, otros investigados y por el obrero Claver Colquehuanca Quispe, a quien se contrató en junio de 2020 para que hiciera las obras en el patio de armas del complejo policial IX MACREPOL Arequipa, y para el mejoramiento del cenotafio, astas de bandera y enchapado de piedra laja.
De acuerdo a la declaración de Colquehuanca, se le contrató a cambio de un pago de 4700 soles por su mano de obra, ello no incluía el pago de ayudantes, ya que se le ofreció que la policía iba a poner la mano de obra. Es así que se designa a 15 policías para que cumplan estas labores.
Antes de que concluyera la obra, y en vista a que se tenía un adeudo de 200 soles, se le pidió buscar una salida para “regularizar” los pagos. Es así que el 21 setiembre de 2020, cuando ya la obra estaba casi concluida, se lanza por parte de la Región Policial Arequipa, el proceso para ejecutar esta obra.
Según la declaración de Colquehuanca, se le ayudó a regularizar su RUC, su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y cuenta bancaria. Todo ello era necesario para contratar con el estado.
Una vez que tuvo los documentos, participó en el proceso de contratación del servicio “Acondicionamiento y mejoramiento del patio de armas y cenotafio del complejo policial de la Macro Región Policial de Arequipa”, el cual ganó por la suma de 17 mil 600 soles, cuando la deuda solo era de 200 soles.
Tras ganar el proceso, el 6 de noviembre de 2020, se le transfiere a su cuenta el dinero, el mismo que cobró Colquehuanca. Según declaración del obrero, hizo el cobro porque fue presionado por Zanabria y los investigados. Estos le dijeron que hubo un error y que de los 17 mil 600 soles, se cobre la deuda de 200 soles y lo demás lo entregue al también investigado Rolando Rodríguez. Colquehuanca devolvió el dinero, pero lo hizo de manera notarial el 16 de noviembre de 2020.
Zanabria y la donación que nunca se registró en la Policía
De acuerdo a la investigación fiscal, mientras se realizaban todos estos trámites para regularizar el proceso de contratación de Colquehuanca, el entonces jefe de la Región Policial Arequipa, Víctor Zanabria, solicitó el 3 de noviembre de 2020, un donativo a la minera La Soledad SAC.
Ante la solicitud, el apoderado de la minera, Errol Alberto Carpio Yzaguirre, se constituyó en la oficina de Zanabria Angulo, el 04 de noviembre, para conocer el monto, acordándose en la suma de S/ 17,600.
El 10 de noviembre, Carpio Yzaguirre, volvió a reunirse con Víctor Zanabria, para entregar el dinero. Según la investigación fiscal, el ahora Comandante General de la Policía, ordenó que el dinero lo recibiera Francis Alarcón Gallegos, ya que era el encargado de la administración de los aportes dinerarios y de recaudar el dinero de las donaciones.
Para la fiscalía, estos hechos configurarían el delito de peculado doloso. Se refiere que Víctor Zanabria, en lugar de ordenar la emisión de una Resolución Directoral sobre la aceptación del donativo conforme a la normativa, se habría apropiado del dinero, sin dar cuenta de la recepción ni informar a las entidades pertinentes
