Mientras la violencia se recrudece en La Libertad, el gobernador regional César Acuña se autodefine como “el mejor gobernador de los últimos tiempos”. Esta afirmación contrasta con el alarmante panorama de seguridad que atraviesa la región: hasta julio de 2025, el Ministerio Público ha registrado 213 denuncias por secuestro, una cifra que duplica los reportes del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), que documentó 78 casos en el mismo periodo.
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El analista de datos Juan Carbajal confirmó que este año se ha alcanzado el mayor número de denuncias por secuestro en los últimos ocho años. Señaló que las cifras recogidas tanto por Sidpol como por el Ministerio Público son “abismales en comparación con años anteriores”, subrayando el valor de los datos fiscales para comprender el avance de delitos como extorsión, homicidios y secuestros.
Críticas severas a la gestión de César Acuña
Varios expertos en seguridad han lanzado duras críticas a la administración regional. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, calificó directamente la gestión de Acuña como “un fracaso”. A su juicio, el gobernador “es un personaje de poca legitimidad” y carece de la capacidad necesaria para proporcionar seguridad a la región. Agregó que no se trata de evaluar su habilidad política, sino su efectividad para hacer frente al crimen.
Valdés también cuestionó el deficiente manejo policial en la región, donde hay un número reducido de efectivos y algunos se encuentran bajo investigación. Ejemplificó esta situación mencionando que en zonas como El Porvenir y La Esperanza apenas hay un tercio o un cuarto de motocicletas por cada diez mil habitantes, lo mismo ocurre con las camionetas policiales.
Además, reveló que Trujillo, la capital regional, tiene apenas 240 policías para más de seis mil habitantes, y que la inversión en seguridad desde el gobierno regional es mínima, con bajos niveles de ejecución presupuestal.
También alertó sobre la expansión de organizaciones criminales como “los pulpos” y “la jauría”, nacidas en zonas críticas como El Porvenir y La Esperanza, y sobre la violencia derivada de actividades ilícitas como la minería informal en Catá. Afirmó que las víctimas en estos contextos no suelen denunciar debido al miedo y la informalidad de sus actividades, lo que incrementa la impunidad. “Ojo, que el secuestro es una modalidad de extorsión”, puntualizó.
Déficit policial y medidas cuestionadas
Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, también se sumó a las críticas. Recordó que la presidenta Dina Boluarte reconoció que faltan 70 mil policías en todo el país y anunció el “Plan Celador”, una estrategia para comprar los días de franco y vacaciones a los agentes con el fin de tener más personal activo.
No obstante, Pérez fue escéptico ante esta medida. Considera que “los efectivos no tendrán tiempo para atender las denuncias” si no se resuelven primero problemas estructurales, como la falta de tecnología y vehículos adecuados. Denunció que, aunque la región recibió camionetas de parte del gobierno regional, estas presentaban múltiples fallas mecánicas, y que muchas de las motocicletas donadas no circulan por falta de placas.
Sobre el rol de César Acuña en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Pérez fue tajante: “Él es el presidente del comité, aunque lo niegue”. Además, criticó la solicitud del gobernador para declarar un estado de sitio en Trujillo, señalando que esta medida aplica únicamente ante amenazas externas. “No sabe lo básico”, sentenció.
Finalmente, cuestionó la contradicción entre el discurso triunfalista de Acuña y la realidad que vive la región: “¿Cómo puede catalogarse como el mejor presidente regional si en su gestión se presenta la mayor cantidad de denuncias, como el aumento de secuestros, que hace tres o cuatro años casi habían desaparecido y ahora se han incrementado?”, concluyó.
