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Caravelí: envían al penal a sentenciado por tráfico de drogas por no pagar la reparación civil

Caravelí: envían al penal a sentenciado por tráfico de drogas por no pagar la reparación civil
Caravelí: envían al penal a sentenciado por tráfico de drogas por no pagar la reparación civil

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí logró que el Poder Judicial ordene el internamiento en un establecimiento penitenciario de Yul César Vargas Espino, sentenciado por tráfico ilícito de drogas, luego de incumplir reiteradamente las reglas de conducta impuestas en abril de 2025, entre ellas el pago de la reparación civil y la obligación de acudir periódicamente al juzgado.

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El fiscal provincial Marcos Emerson Camacho Ccora sustentó que el procesado había sido condenado a dos años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida, pero no cumplió con el pago de la reparación civil ni se presentó cada dos meses ante el órgano jurisdiccional para informar y justificar sus actividades, tal como lo establecía la sentencia.

Juzgado de Caravelí revoca pena suspendida y ordena su captura

La omisión fue advertida por el Ministerio Público, que solicitó al Poder Judicial la revocatoria de la pena suspendida y el cumplimiento de la condena de manera efectiva. El requerimiento se sustentó en el artículo 59, inciso 3 del Código Penal, que faculta al juez a revocar la suspensión de la pena cuando el condenado no cumple las reglas de conducta impuestas.

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Tras evaluar la documentación presentada y los argumentos legales expuestos por la Fiscalía, el juzgado declaró fundada la solicitud, ordenando que el sentenciado cumpla los dos años y seis meses de condena en un penal, el cual será determinado por el Instituto Nacional Penitenciario.

Luego de emitida la resolución judicial, se expidieron las órdenes de captura correspondientes para la ubicación e internamiento inmediato de Yul César Vargas Espino, quien deberá cumplir su condena efectiva conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial. La Fiscalía destacó que esta medida refuerza el principio de legalidad y la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias judiciales.

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