La toma del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en Arequipa, continúa generando repercusiones luego de que una estudiante denunciara ante la Policía a varios de los presuntos participantes en la protesta realizada el último 1 de junio.
Una estudiante interpuso una denuncia policial contra seis personas por la toma del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ocurrida el pasado 1 de junio. Entre los denunciados figura Julián Chipana, miembro del Consejo Universitario, quien ha sido separado temporalmente de su cargo para iniciar una investigación administrativa de 30 días. La denuncia incluye reportes de agresiones físicas contra una alumna y la presunta coordinación de la protesta mediante grupos de mensajería para ocupar el campus. Los manifestantes justificaron la medida de fuerza citando un supuesto desfalco de 8 millones de soles y supuestas irregularidades electorales internas.
- Se identificó a seis presuntos responsables de la toma del campus, incluyendo a un integrante del Consejo Universitario de la UNSA.
- La universidad anunció el inicio de una investigación administrativa y la suspensión temporal de uno de los implicados.
- La denuncia fiscalizadora detalla agresiones físicas a una estudiante y la planificación previa del bloqueo mediante redes sociales.
- Los manifestantes demandan la renuncia del Comité Electoral y una mesa de diálogo por denuncias de presunta corrupción financiera.
- La paralización de actividades académicas afectó a miles de estudiantes, docentes y trabajadores del área de Sociales.
La medida de fuerza, ejecutada por un grupo de personas con los rostros cubiertos, impidió el ingreso de estudiantes, docentes y trabajadores, afectando el normal desarrollo de las actividades académicas.
Según el parte policial registrado en la comisaría de Santa Marta, los denunciados son Brayan Fernández, Raquel Balladares, Elmer Parizaca, Belén Ancasi, Carlos Casali y Julián Chipana, este último integrante del Consejo Universitario de la UNSA.
Horas después de los incidentes, la casa superior de estudios informó la separación temporal de Chipana y anunció el inicio de una investigación administrativa por un plazo de 30 días. La denuncia también refiere que algunos de los implicados habrían permanecido durante la noche dentro del campus para concretar la ocupación del local universitario.
Denuncian agresión a estudiante y coordinación previa de la protesta
De acuerdo con la versión presentada ante la Policía, una estudiante de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales denunció que durante los incidentes una alumna fue golpeada en el rostro, sufriendo un sangrado.
Asimismo, señaló que la toma habría sido planificada previamente mediante grupos de WhatsApp donde se convocó a universitarios para permanecer en el campus la noche del domingo 31 de mayo y participar en la medida de protesta.
Entre los mensajes difundidos en dichos grupos se habría convocado a los participantes a pernoctar en las instalaciones universitarias, prometiendo incluso desayunos para los manifestantes.
Protesta generó malestar entre estudiantes
La toma del local universitario provocó el rechazo de numerosos estudiantes que acudieron a clases y encontraron cerrados los accesos. Varios alumnos permanecieron durante horas en los exteriores de la universidad sin poder ingresar a sus aulas, cuestionando una medida que, según señalaron, perjudicó a quienes buscaban continuar con sus actividades académicas.
Diversos reportes indicaron que miles de estudiantes, docentes y trabajadores resultaron afectados por el bloqueo de los accesos al área de Sociales.
Los manifestantes justificaron la protesta señalando que buscaban llamar la atención sobre un presunto desfalco de más de S/8 millones en la universidad, además de denunciar supuestas irregularidades en el proceso electoral interno. También exigieron la renuncia del Comité Electoral Universitario y solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades.
Sin embargo, otros sectores estudiantiles cuestionaron que la protesta estuviera vinculada a intereses electorales y rechazaron que se impidiera el desarrollo normal de las clases.
