Apunte Jurídico | Las elecciones del pasado 12 de abril constituyen un fiel reflejo de lo que somos como sociedad y de los desafíos estructurales que aún debemos superar como país. Nos hemos habituado a convivir con la informalidad; somos una nación fragmentada entre quienes viven con cierta estabilidad y quienes apenas sobreviven.
El proceso electoral del pasado 12 de abril ha expuesto la fragilidad institucional y la fragmentación social del país, evidenciando irregularidades logísticas y una profunda división política. A pesar de los cuestionamientos y el uso de narrativas de fraude por parte de diversos sectores, los resultados proyectan un Congreso con mayor pluralidad y la exclusión de bancadas anteriormente cuestionadas. Jurídicamente, las deficiencias detectadas no cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica de Elecciones para declarar la nulidad total del proceso. El análisis resalta la importancia de respetar la voluntad popular y fortalecer la institucionalidad frente a la creciente judicialización de la política peruana.
- Las irregularidades logísticas detectadas durante el proceso, como el traslado improvisado de material electoral, evidencian debilidades organizativas que no invalidan la elección general.
- El uso recurrente de narrativas de fraude y la judicialización del proceso electoral por parte de candidatos erosionan la confianza en las instituciones democráticas.
- El nuevo Parlamento ofrece una ventana de oportunidad para mejorar la representación política al dejar fuera a bancadas cuestionadas y permitir un debate más diverso.
- Según el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, no se configuran las causales legales de nulidad total, ya que los votos nulos y blancos no superan los dos tercios requeridos.
Arrastramos una institucionalidad precaria, capaz de modificar el rumbo presidencial según la coyuntura; un sistema educativo que, en muchos casos, produce analfabetismo funcional; preocupantes niveles de anemia infantil; una creciente judicialización de la política; y una persistente cultura de discriminación que se manifiesta, incluso, en el discurso cotidiano de muchos peruanos.
Irregularidades y fragilidad del sistema electoral
El proceso electoral no ha estado exento de estas mismas falencias. Hemos sido testigos de irregularidades que evidencian debilidades organizativas: actas que no llegaron a su destino, materiales trasladados de forma improvisada —incluso en taxis por aplicativo—, mesas de sufragio que se instalaron con retraso, entre otros incidentes.
Todo ello configura un escenario que, más que anecdótico, revela la fragilidad de nuestro sistema electoral en determinados contextos.
Los resultados, por su parte, reflejan con claridad la fractura existente entre el denominado Perú formal y el Perú informal; entre quienes buscan preservar el statu quo y quienes impulsan cambios estructurales, como la modificación de la Constitución. Esta división no solo is política, sino también social, económica y cultural.
En este contexto, sorprendió el nivel de adhesión que logró la corriente castillista en favor de Roberto Sánchez (JP), situándolo cerca de un eventual balotaje.
Sin embargo, más preocupante que el resultado en sí es la reacción de ciertos sectores, para algunos autoproclamados “dueños de la verdad” y “dueños de la razón”, quienes no votan como ellos carecen de criterio o emiten un voto irracional.
Se evidencia así una preocupante ausencia de empatía y tolerancia, reemplazadas por el desprecio y la descalificación.
Judicialización, discurso de fraude y desafíos democráticos
Asimismo, el término “fraude” se ha incorporado con ligereza al lenguaje político-electoral. No es un fenómeno nuevo, Keiko Fujimori denunció fraude tras su derrota frente a Pedro Castillo, y hoy Rafael López Aliaga recurre a una narrativa similar, incluso insinuando escenarios de insurgencia popular ante la posibilidad de no acceder a una segunda vuelta.
Este uso irresponsable del término erosiona la confianza en las instituciones democráticas y exacerba la polarización.
A ello se suma la creciente judicialización del proceso electoral. La deficiente formación jurídica en ciertos espacios académicos parece estar pasando factura. Se ha instalado la idea de que el derecho penal es la solución a todos los conflictos, desnaturalizando su carácter de ultima ratio para convertirlo, peligrosamente, en una prima ratio.
Bajo esta lógica, se promueve la sanción inmediata, si es sin proceso penal o con un indebido proceso, mejor.
No obstante, no todo es negativo. Existen elementos rescatables: varias bancadas ampliamente cuestionadas no tendrán representación en el próximo Parlamento, lo que abre una ventana de oportunidad para mejorar la calidad de la representación política.
Se vislumbra un Congreso con mayor pluralidad de posiciones, lo que —en el mejor de los casos— podría enriquecer el debate, fortalecer la producción legislativa y ejercer un control político más efectivo.
Finalmente, es importante precisar que las irregularidades e informalidades detectadas en el proceso electoral no constituyen, por sí mismas, causales suficientes para declarar su nulidad total. La Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), en su artículo 365, establece únicamente dos supuestos para ello:
(i) cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos; y (ii) cuando se anulan procesos electorales en una o más circunscripciones que, en conjunto, representen un tercio de la votación nacional válida.
En el escenario actual, no se configura ninguno de estos supuestos, sin perjuicio de que puedan plantearse nulidades específicas de mesas de sufragio conforme a ley.
En una democracia, el respeto a la voluntad popular es un principio fundamental, incluso —y especialmente— cuando los resultados no coinciden con nuestras preferencias. La madurez democrática no se mide por la victoria, sino por la capacidad de aceptar la derrota dentro del marco institucional.
