Por: Omar J. Candia Aguilar
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Apunte Jurídico... Uno de los grandes problemas de nuestro sistema jurídicos es la cantidad de normas jurídicas que tenemos. Sólo el número de las normas con rango de ley superan los 32 mil. La producción legislativa es variada, encontramos proyectos de ley de diferente naturaleza. En materia penal reformas permanentes en los tipos penales sin una política criminal clara.
La inflación legislativa ha ocasionado que se modifiquen los tipos penales, es decir, los delitos tipificados en el Código Penal de acuerdo a las coyunturas, las noticias criminales, y los discursos políticos del momento.
Nuestro Código Penal (en adelante CP) a la fecha tiene más de 800 modificaciones en estos 34 años de vigencia, lo que demuestra la fragilidad de la norma, y la facilidad para reformar el CP.
Endurecimiento de penas y falsa respuesta a los problemas sociales
Las reformas al CP han tenido un denominador común, casi todas las modificaciones han aumentado severamente las penas, o agregando a la pena privativa de libertad, las penas limitativas de derecho y las penas de multa.
En el imaginario colectivo y de nuestros legisladores se piensa que todos los problemas sociales se pueden solucionar con normas; sin embargo, los problemas sociales deben tener respuestas sociales, respuestas que desde el Estado deben traducirse en políticas públicas que atiendan la problemática social.
Empíricamente podemos observar que el endurecimiento de las penas no han solucionado los problemas sociales; por el contrario, los problemas se han agudizado. Un claro ejemplo de lo aseverado, se da en seguridad ciudadana, que pasamos de los delitos simples de despojo como el robo o el hurto, a delitos como la extorsión y el sicariato.
La inflación legislativa en materia penal, no ha generado una sociedad más segura; todo lo contrario, la inflación legislativa ha generado modificaciones legislativas caprichosas, incoherentes, arbitrarias y con ello inseguridad jurídica.
Desproporcionalidad penal y riesgo constitucional
Asimismo, no existe una adecuada proporcionalidad entre las conductas criminalizadas y los bienes jurídicos que se pretende proteger. Resulta especialmente preocupante la existencia de tipos penales cuyas penas mínimas son iguales o incluso superiores al extremo mínimo del delito de homicidio —seis años de pena privativa de libertad—, pese a que este último tutela el bien jurídico más importante: la vida humana.
A ello se suma la tendencia creciente a criminalizar conductas que tradicionalmente pertenecían al ámbito de la responsabilidad administrativa, especialmente en materia ambiental, donde infracciones administrativas han sido trasladadas de manera acrítica al derecho penal, vulnerando el principio de mínima intervención.
No menos grave es la aprobación de normas penales que colisionan frontalmente con los principios y preceptos constitucionales, como el principio de proporcionalidad y razonabilidad de la pena, pilares esenciales de un Estado constitucional de derecho.
Una posible vía para controlar la inflación legislativa penal consiste en establecer una votación calificada para cualquier modificación del Código Penal. De esta manera, se exigiría un mayor consenso parlamentario al momento de reformar los tipos penales, permitiendo preservar la coherencia sistemática del Código y evitando reformas improvisadas o populistas.
Ello contribuiría a que el derecho penal recupere su carácter de última ratio y no sea utilizado como un instrumento político coyuntural. Sin dudas, este es un tema que da para un mayor análisis, y que debe ser materia de desarrollo por la academia.
