Por: Omar J. Candia Aguilar
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Apunte Jurídico… El método de Bukele… A más de dos siglos de proclamada la independencia, el Perú sigue siendo una república inconclusa. Hemos construido una democracia sin demócratas, sostenida en una institucionalidad frágil, que se tambalea cada vez que los intereses de poder se imponen sobre el orden constitucional.
Lo ocurrido la semana pasada —la vacancia de una presidenta sin legitimidad de origen, producto de una sucesión constitucional forzada— es una nueva evidencia de la precariedad de nuestro sistema político.
La ex presidenta, que llegó al poder por la vía de la sucesión tras la caída de su antecesor, se sostuvo no en la legitimidad del voto, sino en la fuerza de las balas y en el respaldo de bancadas que en otrora fueron sus adversarias.
Traicionó el mandato popular que la colocó como vicepresidenta, y terminó convertida en un instrumento útil de los mismos grupos políticos que hoy la desecharon. Cuando su respaldo ciudadano se redujo al mínimo, cuando su imagen se volvió una carga ante la proximidad electoral, esas mismas fuerzas decidieron abandonarla. La mochila era demasiado pesada y el cálculo político demasiado evidente.
El falso atractivo del método Bukele
Pero, más allá de las pugnas del poder político, es necesario reconocer que el principal problema del país es la criminalidad organizada.
No estamos frente a cualquier tipo de hecho delictivo, no nos encontramos frente a delitos ordinarios, sino frente a un tipo de criminalidad con altos niveles de organización, que extorsiona violentamente, presionando a sus víctimas a recibir beneficios económicos, y si no lo hacen, simplemente acaban con su vida de los extorsionados.
Enfrentar este problema se puede hacer de dos maneras: en democracia o bajo el método Bukele tan promocionado. Las diferencias son sustanciales: en la primera se respetan las garantías y derechos de los investigados; en la segunda, se relativizan y se flexibilizan esos derechos y garantías.
En democracia, el error judicial debe ser mínimo, castigando al que verdaderamente cometió el delito; en el método Bukele se estigmatiza, el error judicial aumenta llevando a inocentes a las cárceles.
En democracia, la política criminal debe sustentarse en criterios racionales; en el método Bukele, la política criminal es expansiva y populista. Pero lo más crítico es que el Perú no es El Salvador, y las organizaciones criminales que operan aquí no son las pandillas salvadoreñas. Por lo tanto, una receta de esta naturaleza no daría resultados, solo afectaría la endeble institucionalidad democrática y debilitaría el control del poder político.
Enfrentar la criminalidad requiere de una política pública integral, con estrategia, recursos y compromisos sólidos de los tres poderes del Estado y de los órganos constitucionales autónomos.
Se requiere de inteligencia policial y equipamiento altamente especializado. La seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada deben ser el eje central de las políticas públicas.
En definitiva, la criminalidad organizada no se derrota con autoritarismo, sino con Estado fuerte. No con la fuerza bruta, sino con la fortaleza institucional. El Perú no necesita un Bukele; necesita una democracia que funcione, jueces valientes, fiscales independientes y ciudadanos conscientes de que la libertad y la justicia son inseparables. Solo así dejaremos de ser una república inconclusa y empezaremos a construir, por fin, una verdadera democracia.
