Apunte Jurídico| Probablemente el caso Adrián Villar sea uno de los procesos más mediáticos de los últimos años y uno de los que ha generado mayor debate jurídico. Los casos mediáticos —la mayoría de las veces— distorsionan la objetividad, alejan a los operadores jurídicos de la aplicación estricta de la norma penal y, en algunos supuestos, generan interpretaciones caprichosas.
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Como indiqué en un comentario anterior, muchas veces “se resuelve para la tribuna, para las cámaras”.
Este caso presenta aristas interesantes, como determinar si la conducta es dolosa (dolo eventual) o culposa, analizar la imputación objetiva, el concurso de delitos, así como la pertinencia de la prisión preventiva, entre otros aspectos.
En relación con el dolo, la doctrina clásica de carácter volitivo sostenía que este se compone del conocimiento y la voluntad de realizar los elementos del tipo penal.
En cambio, la doctrina normativista ha desarrollado una concepción predominantemente cognitiva del dolo, precisando que actúa dolosamente quien sabe lo que hace; es decir, el dolo se vincula con el conocimiento del autor acerca del peligro concreto de realización del tipo penal.
En el caso de Adrián Villar, incluso bajo una concepción normativista del dolo, la conducta parecería ser culposa. De las imágenes difundidas se desprendería que el autor no fue plenamente consciente del peligro concreto de realización del tipo penal.
Caso Adrián Villar: imputación objetiva y concurrencia de delitos
Respecto de la imputación objetiva, podría advertirse un incremento del riesgo permitido, en la medida en que existiría presuntamente un aumento de la velocidad, el incumplimiento de reglas de tránsito y una pérdida de control en la conducción del vehículo.
Sin embargo, por parte de la víctima también se aprecia una posible autopuesta en peligro, al incrementar su propio riesgo al trotar dentro de la calzada, es decir, en una zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.
Este análisis resulta relevante para la discusión de la responsabilidad penal, pues evidencia un incremento del riesgo por parte de ambos sujetos: el imputado y la víctima.
En cuanto a la concurrencia de delitos, podría sostenerse la existencia de un concurso ideal entre los delitos de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Asimismo, existiría un concurso real entre estos delitos y el delito de homicidio culposo, conforme también lo ha sostenido el representante del Ministerio Público.
La discusión sobre la prisión preventiva
Respecto de la prisión preventiva prevista en el artículo 268 del Código Procesal Penal, resulta altamente probable que esta sea revocada en la audiencia de apelación, principalmente debido a la prognosis de la pena.
El Decreto Legislativo N.° 1585 establece que, si la pena no supera los ocho años, cabría la posibilidad de una pena suspendida cuando el autor sea menor de 25 años y no cuente con antecedentes penales.
Asimismo, debe recordarse que el Acuerdo Plenario N.° 02-2024, en su fundamento 43, precisa que la prisión preventiva solo resulta procedente cuando la pena que eventualmente se impondría sería de cumplimiento efectivo.
Finalmente, la discusión jurídica en casos como este debe mantenerse dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional, analizar con rigor la imputación, determinar correctamente el grado de culpabilidad y aplicar las medidas procesales únicamente cuando los presupuestos legales lo justifiquen.
Solo así el Derecho penal cumple su verdadera función, no la de satisfacer a la opinión pública, sino la de garantizar una justicia racional, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales.
