Un adulto mayor de 71 años fue obligado a bajar de un bus interprovincial mientras viajaba hacia Lima por mascar hoja de coca, práctica cultural reconocida en el Perú. La Fiscalía ha decidido iniciar un juicio oral por considerar que se trata de un caso de discriminación cultural.
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Exposición al peligro y discriminación cultural
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, bajo la dirección de la fiscal Karenn Diana Obregón Ubaldo, resolvió formalizar la etapa de juicio oral en este caso. El incidente ocurrió el 28 de febrero de 2024, cuando el hombre quechuahablante abordó un bus de la empresa Espinoza con destino a Lima.
Durante el trayecto, el terramozo Brechman Choque llamó la atención al adulto mayor por mascar hoja de coca, una costumbre ancestral protegida como patrimonio cultural inmaterial por el Estado peruano. Posteriormente, el conductor Luis Pareja detuvo el vehículo y obligó al pasajero a descender junto con parte de su equipaje.
El hombre no opuso resistencia y se quedó varado en plena vía Libertadores durante la noche, expuesto a la lluvia, hasta que vecinos y personal municipal lograron auxiliarlo a la mañana siguiente.
La Fiscalía señaló que estos hechos representan “una exclusión discriminatoria motivada por su identidad cultural y una grave exposición al peligro, ya que los imputados tenían la obligación de garantizar su traslado seguro hasta el destino”.
Con la emisión del auto de enjuiciamiento, el proceso judicial avanzará para determinar si los responsables deberán responder penalmente por sus acciones. Desde el Ministerio Público consideran que este caso es un precedente importante para la defensa de los derechos humanos, la interculturalidad y la protección de los adultos mayores en el país.
Discriminación, un delito tipificado en la ley peruana
La legislación nacional establece en el Artículo 323 del Código Penal que la discriminación es un delito sancionado con penas de dos a tres años de prisión. En casos donde el acto sea cometido por un servidor público, o se realice con violencia física o psicológica, o mediante medios digitales, la pena puede aumentar hasta cuatro años, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. También existen sanciones administrativas para actos discriminatorios en servicios comerciales, laborales y otros ámbitos.
