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Chofer fue sentenciado a 3 años y  9 meses de pena suspendida por negarse a pasar dosaje etílico

Chofer fue condenado a 3 años y 9 meses de pena suspendida por negarse a pasar dosaje etílico. Ocurrió en Camaná.
Chofer fue condenado a 3 años y 9 meses de pena suspendida por negarse a pasar dosaje etílico. Ocurrió en Camaná.

Con celeridad el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná logró una sentencia de 3 años y 9 meses de pena privativa de libertad con reserva de fallo condenatorio para el chofer Juan Carlos Apaza Escobar, por conducir su camioneta en estado de ebriedad y negarse a pasar el dosaje etílico.

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El 31 de julio del 2024 a las 01:10 horas aproximadamente, el chofer imputado realizaba maniobras temerarias (zigzag) y a gran velocidad en su camioneta 4×4 Pick Up, por lo que fue intervenido por personal policial verificando que presentaba aliento alcohólico, ojos rojos y boca seca.

Ante estas características fue conducido al Puesto de Salud Policial para que se le realice el procedimiento de dosaje etílico para determinar su grado de alcohol, sin embargo, se negó a someterse al procedimiento mencionado; quedando detenido en flagrancia delictiva por el delito de desobediencia a la autoridad. 

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Con la contundente prueba recabada el Fiscal Adjunto al Provincial Dennis Orlando Guevara Carrillo interpuso el requerimiento de incoación de proceso inmediato ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná. 

Es así que, en audiencia del pasado 02 de agosto Apaza Escobar aceptó los hechos sometiéndose a la aplicación del mecanismo procesal de terminación anticipada siendo sentenciado a tres años y nueves meses de pena privativa de libertad con reserva de fallo condenatorio por el plazo de un año, tiempo durante el cual éste deberá cumplir una serie de reglas de conducta.  

Chofer pagó reparación civil

El fiscal informó, que en menos de 72 horas se ha logrado resolver un caso, destacando que el trabajo de los Fiscales del Ministerio Público es incesante e incansable en el combate contra la criminalidad, en atención a la política de celeridad y lucha contra la criminalidad.

El sentenciado pagó como reparación civil un monto de S/ 2,500.00 a favor de la Policía Nacional del Perú.

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