Más de 300 familias del centro poblado de Arcata, en la provincia de Condesuyos, esperan desde hace cerca de un año una solución para acceder a agua segura, luego de que estudios reportaran la presencia de arsénico en la laguna Huisca Huisca, fuente utilizada por la población para su consumo.
Más de 300 familias del centro poblado de Arcata, en la provincia de Condesuyos, llevan cerca de un año esperando una solución tras detectarse arsénico en la laguna Huisca Huisca, su principal fuente de agua de consumo. Aunque el Gobierno Regional de Arequipa propuso instalar una planta de tratamiento, las autoridades locales señalan que no hay avances concretos ni un suministro temporal garantizado. La población atribuye la presencia de contaminantes a más de 70 años de actividad minera en la zona, la cual también habría perjudicado manantiales, bofedales y la crianza de ganado. Ante reportes de afectaciones a la salud y a la economía local, los dirigentes exigen la intervención de entidades estatales como el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo.
- Un análisis del Ministerio de Salud reportó cerca de 0,04 mg/L de arsénico en la laguna Huisca Huisca, superando el límite de 0,01 mg/L presentado por los pobladores.
- El alcalde de Arcata indicó que, pese a la propuesta del Gobierno Regional de Arequipa de instalar una planta de tratamiento, aún no existen avances concretos ni agua segura para las familias.
- Los habitantes relacionan la contaminación con décadas de minería y citan sanciones previas del OEFA contra la Compañía Minera Ares por infracciones ambientales y excesos de arsénico.
- Representantes locales advierten impactos en la ganadería de camélidos, piscicultura y casos de enfermedades en la población, demandando la intervención de ministerios y la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la información proporcionada por los dirigentes locales, un análisis realizado por el Ministerio de Salud detectó aproximadamente 0,04 miligramos de arsénico por litro de agua. El valor señalado supera en cuatro veces el límite de 0,01 miligramos por litro consignado en la documentación presentada por los pobladores.
Martín Huamaní Quispe, alcalde del centro poblado menor de Arcata, señaló que el resultado fue conocido por las autoridades y que, posteriormente, desde el Gobierno Regional de Arequipa se planteó la instalación de una planta de tratamiento para atender el problema.
Sin embargo, según la autoridad local, hasta el momento no existen avances concretos y tampoco se ha garantizado un suministro permanente de agua segura para las familias.
Pobladores atribuyen contaminación a décadas de actividad minera
Los habitantes de Arcata atribuyen la presencia de metales pesados a más de 70 años de actividad minera desarrollada en la zona. Esta versión también forma parte de los reclamos presentados por los representantes del centro poblado ante las autoridades.
Reportes de monitoreo ambiental citados por los dirigentes registraron concentraciones de sulfatos de hasta 4716 mg/L en la unidad Sierra Minera Caraz, frente al estándar ambiental de 500 mg/L señalado en la documentación. Asimismo, se reportó arsénico total de hasta 0,35 mg/L en la laguna Huisca Huisca en determinados monitoreos.
Estos resultados son parte de los argumentos utilizados por la población para exigir una intervención de las autoridades ambientales y sanitarias. No obstante, la determinación de responsabilidades por la contaminación requiere establecer técnicamente el origen de los contaminantes y las condiciones ambientales que los generan.
La problemática también se relaciona con antecedentes de fiscalización ambiental. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a Compañía Minera Ares mediante la Resolución Directoral N.° 01973-2019 por la implementación de dos plataformas de perforación y sondajes sin la certificación ambiental correspondiente.
Asimismo, mediante la Resolución Directoral N.° 0201-2022 se acreditó la omisión del monitoreo de efluentes correspondiente al segundo trimestre de 2020 y el exceso de arsénico respecto de los límites permisibles. Según las autoridades locales, las multas administrativas fueron pagadas, pero los pasivos ambientales continuarían sin remediación en el territorio.
Contaminación también amenaza agua y actividades productivas
Los pobladores sostienen que el problema no se limita al agua destinada al consumo humano. Demetrio Rojas, asesor legal de la comunidad, señaló que la actividad minera subterránea habría contribuido a modificar el comportamiento de las aguas subterráneas y reducir el caudal de manantiales, riachuelos y bofedales.
La disminución del recurso hídrico habría afectado los pastos naturales utilizados para la alimentación del ganado. Según los representantes locales, esto repercutió en la crianza de alpacas y otros camélidos sudamericanos, además de la producción de fibra y la piscicultura de truchas.
Rojas también reportó casos de enfermedades dermatológicas, oculares y gastrointestinales entre habitantes de Arcata y Alacate, además de casos de cáncer. Sin embargo, el propio representante precisó que la relación directa entre estos padecimientos y la presencia de contaminantes en el agua deberá determinarse mediante evaluaciones médicas y estudios epidemiológicos.
Los dirigentes consideran que la falta de una solución al suministro de agua segura mantiene a las familias expuestas a un problema que también afecta sus actividades económicas. Por ello, solicitaron la intervención del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo.
Población espera una solución para acceder a agua segura
La principal demanda de los habitantes de Arcata es que se concrete una alternativa que permita garantizar agua apta para el consumo de las familias. La planta de tratamiento planteada por el Gobierno Regional es una de las medidas anunciadas, pero los pobladores reclaman que el proyecto avance y que se establezca un mecanismo temporal mientras se implementa una solución definitiva.
El caso también plantea la necesidad de continuar con el monitoreo de la calidad del agua y realizar evaluaciones que permitan determinar el origen de los contaminantes y su impacto en el ambiente.
Mientras los estudios y procedimientos correspondientes continúan, más de 300 familias permanecen a la espera de medidas concretas para contar con agua segura y proteger las fuentes hídricas, los pastizales y las actividades productivas de las que depende buena parte de la población de Arcata.
