La Contraloría General de la República emitió una seria advertencia sobre el estado de las labores preventivas frente al fenómeno de El Niño en la región Moquegua. Tras operativos de control simultáneo, el órgano fiscalizador detectó demoras administrativas, desabastecimiento presupuestal.
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Así como la ejecución de intervenciones en cauces y quebradas sin las autorizaciones legales correspondientes, situaciones que dejan vulnerables a diversas comunidades ante el periodo de lluvias.
Desatención en zonas de alto riesgo e irregularidades operativas
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 015-2026-OCI/5347-SVC, el Gobierno Regional de Moquegua omitió el inicio de labores de limpieza en tres frentes catalogados de peligro “Muy alto” y “alto”, correspondientes a los ríos Tambo y Torata, así como a la quebrada Palca.
A esta omisión se añade la falta de gestión oportuna para financiar los trabajos de descolmatación en el río Ichuña. Un escenario crítico se registra en la quebrada Chiquilao (Lloque), donde el servicio adjudicado de forma directa por S/ 70 000 quedó suspendido debido a que la empresa contratista notificó la nulidad del contrato por incompatibilidades en los términos de referencia, dejando desprotegido el sector.
Por su parte, el Informe N° 017-2026-OCI/0446-SVC reveló desatenciones por parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio, entidad que no aprobó la partida presupuestal destinada a los sectores Chamos del Pino y La Rinconada, a pesar de contar con los fondos institucionales necesarios.
Asimismo, las inspecciones en el sector Montalvo evidenciaron informalidad en las maniobras operativas: “Se detectó maquinaria realizando labores de limpieza en el cauce del río sin contar con la autorización de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA)”, precisó el reporte de control sobre el riesgo de sanciones administrativas que enfrenta la comuna.
En esa misma línea, el documento detalló en tercera persona que las actividades en Santo Domingo y El Conde se iniciaron sin actas formales de apertura y en ausencia de ingenieros residentes o inspectores, condicionando la calidad técnica de los trabajos.
Frente a este panorama, el organismo de control recomendó a ambas administraciones la adopción inmediata de medidas correctivas para resguardar la integridad de las familias, infraestructuras y campos agrícolas de la región.
