El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro investigados, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional, por el asalto a un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Jacobo Hunter, hecho ocurrido el pasado 1 de julio y que permitió el robo de un fusil, dos pistolas, municiones y otros bienes pertenecientes a la Policía de Arequipa.
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos agentes de la Policía Nacional y dos civiles por el asalto a un patrullero en el distrito de Jacobo Hunter, Arequipa. Según el Ministerio Público, los involucrados simularon una emergencia policial el pasado 1 de julio para sustraer un fusil AKM, dos pistolas y municiones. Las investigaciones, que incluyeron allanamientos en diversos distritos, permitieron recuperar la totalidad del armamento sustraído. Los implicados enfrentan cargos por robo agravado en perjuicio del Estado y de un efectivo policial agraviado.
- Los investigados son los suboficiales Leonardo Lastarria Ll. y Junior Pineda del P., junto a los civiles Víctor Machaca P. y Axel Orellana M.
- El robo fue planificado mediante un reporte de falsa emergencia para movilizar la unidad policial hacia una zona descampada.
- El sustento de la fiscalía incluyó grabaciones de videovigilancia, testimonios de testigos y resultados de la inspección técnico-policial.
- Durante los meses de detención se ejecutará el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos de los imputados.
- El operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía logró recuperar el armamento completo que había sido robado de la comisaría Andrés Avelino Cáceres.
La medida fue obtenida por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter.
Los investigados son los suboficiales Leonardo Lastarria Ll. y Junior Pineda del P. (este último se dictó orden de captura), además de los civiles Víctor Machaca P. y Axel Orellana M., quienes afrontan una investigación por el presunto delito de robo agravado en agravio del Estado y de un efectivo de la Policía Nacional.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los implicados habrían planificado el atraco simulando una emergencia policial para obligar a que un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres se desplazara hacia una zona descampada, donde finalmente se ejecutó el robo del armamento.
Fiscalía sostiene que el asalto fue previamente planificado
Según la investigación fiscal, el 1 de julio de 2026 los imputados habrían puesto en marcha un plan que consistió en reportar una falsa incidencia a la central policial con el objetivo de movilizar el patrullero hacia un lugar alejado.
Las pesquisas señalan que el suboficial Leonardo Lastarria habría facilitado la comisión del delito al fingir ser una de las víctimas del asalto, mientras los presuntos cómplices civiles reducían violentamente al otro efectivo policial que se encontraba dentro de la unidad.
Tras controlar a los agentes, los delincuentes sustrajeron un fusil AKM, dos pistolas Pietro Beretta, municiones y pertenencias personales, para luego escapar a pie y abordar un vehículo que los esperaba a pocas cuadras del lugar.
El requerimiento de prisión preventiva fue sustentado por la Fiscalía con las declaraciones del efectivo agraviado y de diversos testigos, además de los resultados de la inspección técnico-policial, las evidencias recopiladas y el análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia.
Asimismo, durante la investigación se realizaron diligencias de allanamiento y descerraje en tres viviendas ubicadas en los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter, así como intervenciones en los roperos de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, donde también se obtuvieron elementos de convicción.
Las investigaciones desarrolladas de manera conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitieron recuperar la totalidad del armamento sustraído, el cual fue sometido a los peritajes correspondientes por especialistas de Criminalística.
Durante los nueve meses de prisión preventiva, el Ministerio Público continuará ejecutando diversas diligencias, entre ellas el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la geolocalización de los teléfonos celulares de los investigados.
La declaración de nuevos testigos y otras actuaciones destinadas a esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.
