Apunte Jurídico | La democracia no se agota en el acto de votar. Su verdadera fortaleza radica en la confianza de los ciudadanos de que su voluntad será respetada y reflejada fielmente en los resultados electorales. Esa confianza depende, en gran medida, de la solidez y credibilidad del sistema electoral.
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La Constitución Política del Perú establece, en su artículo 176, que el sistema electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios constituyan el reflejo exacto y oportuno de la voluntad popular expresada en las urnas.
Para alcanzar ese objetivo, nuestro ordenamiento constitucional diseñó un sistema integrado por tres organismos autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
La autonomía constitucional de estas instituciones constituye una garantía indispensable frente a cualquier intento de interferencia política. Sin embargo, dicha autonomía no puede convertirse en un obstáculo para la coordinación institucional.
Por el contrario, debe coexistir con mecanismos de cooperación que permitan cumplir eficazmente la misión constitucional de preservar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.
Un modelo que requiere mayor coordinación institucional
A diferencia de la Constitución de 1979, que concentraba la conducción del proceso electoral en el Jurado Nacional de Elecciones, la Constitución de 1993 optó por distribuir las competencias entre tres organismos especializados.
Este modelo puede ofrecer ventajas en términos de especialización y control recíproco; sin embargo, después de más de tres décadas de vigencia, resulta legítimo preguntarse si el diseño institucional ha logrado los niveles de eficiencia y coordinación que demanda una democracia moderna.
Los acontecimientos recientes parecen evidenciar que no siempre ha sido así. Las denuncias sobre presuntas irregularidades en la ONPE, la renuncia de su entonces jefe institucional, Piero Corvetto, y la dimisión del secretario general Elar Juan Bolaños, quien hizo referencia a presuntos hechos que habrían comprometido la transparencia institucional, han generado preocupación pública y han puesto en tela de juicio la capacidad del sistema para responder con unidad frente a situaciones de crisis.
A ello se suma un hecho particularmente llamativo, nos referimos a la denuncia presentada por el procurador público del Jurado Nacional de Elecciones contra exfuncionarios de la ONPE, sin que existiera previamente un pronunciamiento institucional conocido por parte del titular del propio JNE.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan determinar las autoridades competentes, este episodio evidencia las tensiones que pueden surgir entre organismos constitucionalmente autónomos cuando no existen adecuados mecanismos de coordinación y conducción institucional.
Otro aspecto que merece una revisión es la excesiva demora en la consolidación y publicación de los resultados electorales.
En un contexto marcado por el desarrollo tecnológico y la transformación digital, resulta difícil justificar que el procesamiento de la voluntad popular continúe demandando tiempos que generan incertidumbre y alimentan cuestionamientos innecesarios.
La rapidez, sin sacrificar la seguridad ni la transparencia, también constituye un componente esencial de la confianza pública.
Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales
Estos hechos no deben conducir a deslegitimar nuestras instituciones electorales, pero sí obligan a reflexionar sobre la necesidad de perfeccionar su diseño y funcionamiento. Toda reforma constitucional debe responder a necesidades objetivas y orientarse a fortalecer la institucionalidad democrática.
En ese sentido, resulta oportuno abrir un debate serio sobre la conveniencia de revisar el modelo vigente, evaluando mecanismos que mejoren la coordinación entre los organismos electorales, optimicen sus procedimientos y fortalezcan la confianza ciudadana.
La democracia no se sostiene únicamente por la existencia de elecciones periódicas. Se fortalece cuando los ciudadanos creen en las instituciones que organizan esos comicios y tienen la certeza de que cada voto será respetado.
La Constitución no solo organiza el poder; también protege la soberanía popular. Por ello, reformar aquello que hoy muestra signos de agotamiento no significa debilitar nuestra democracia, sino reafirmar el compromiso con su principio más esencial: que la voluntad del pueblo sea siempre la fuente legítima del poder y el fundamento de todo Estado constitucional de derecho.
