El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) de la región Puno anunció una paralización de 48 horas programada para los días 28 y 29 de mayo, como medida de protesta contra el Gobierno Regional debido al incumplimiento de compromisos relacionados con el sector educación.
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Maestros exigen pago de deuda social y rechazan traslado de plazas
La organización sindical informó que entre sus principales demandas se encuentran el pago de la deuda social, la entrega de un bono para docentes y el cumplimiento de acuerdos pendientes que, según indicaron, no han sido atendidos durante la actual gestión regional.
Como parte de las acciones de protesta, el 28 de mayo las movilizaciones se desarrollarán en cada capital de provincia, mientras que el día 29 los docentes se concentrarán en la ciudad de Puno. Las marchas partirán desde el Parque de la Madre y el Parque Dante Navas, recorriendo diferentes calles de la capital regional.
El dirigente regional del SUTEP, Alexander Pilco, cuestionó duramente la gestión del gobernador Richard Hancco y afirmó que durante los últimos años no se destinaron recursos en beneficio del magisterio puneño. “En estos cuatro años de gobierno de Richard Hancco, prácticamente no ha habido nada”, expresó el representante sindical al referirse a las demandas pendientes del sector.
Asimismo, el gremio denunció que el gobernador regional habría evitado reunirse con los representantes sindicales pese a las solicitudes formales realizadas por el sindicato. Según señalaron, incluso en una reciente convocatoria no fueron atendidos por la autoridad regional.
El SUTEP indicó que alrededor de 21 mil docentes podrían verse favorecidos con las exigencias planteadas. Entre ellas también figura el pedido para que el procurador público se abstenga de apelar sentencias favorables obtenidas por profesores en primera instancia judicial.
Sindicato alerta pérdida de más de mil plazas docentes
Otro de los puntos que preocupa al gremio es el proceso de racionalización educativa, el cual —según advirtieron— pondría en riesgo más de mil plazas docentes que podrían ser trasladadas a otras regiones del país. Además, exigieron el cumplimiento de una acción de inconstitucionalidad comprometida desde enero de 2024 y que hasta ahora no muestra avances concretos.
