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Puno: profesor universitario intervenido por presunta coacción a estudiantes de la UNA para campaña política

Docente universitario es intervenido por presunta presión política a estudiantes en la UNA Puno.
Docente universitario es intervenido por presunta presión política a estudiantes en la UNA Puno.

La Policía Nacional detuvo en flagrancia a un profesor de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, acusado de coacción, presuntamente por ejercer presiones indebidas sobre estudiantes para favorecer actividades vinculadas a una campaña interna por el rectorado.

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UNA Puno: investigación apunta a uso indebido del cargo académico

El intervenido, identificado como Juan Carlos Luna Quecaña, de 49 años, fue capturado dentro del campus universitario durante la mañana, luego de un trabajo de inteligencia realizado previamente por unidades especializadas de la PNP. La intervención se produjo mientras, según las autoridades, el docente incurría en actos que constituirían delito.

De acuerdo con el informe policial, el profesor habría utilizado su posición para condicionar a los alumnos de la facultad de Ciencias Agrarias. Según la versión oficial, se les exigía participar en actividades proselitistas durante el horario de clases, bajo la amenaza de ser desaprobados. En ese sentido, la Policía señaló que el docente “habría aprovechado su cargo para obligar a los alumnos a apoyar candidatos al rectorado”.

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Las autoridades investigan a Luna Quecaña por los presuntos delitos de abuso de autoridad y coacción, tipificados tanto contra la administración pública como contra la libertad individual. Se sostiene que el docente habría ejercido presión directa sobre estudiantes que se encontraban bajo su evaluación académica.

Por su parte, la fiscal Giuliana Estrada Sucari tomó el control del caso y ordenó diligencias inmediatas para esclarecer los hechos. La representante del Ministerio Público busca determinar la responsabilidad penal del acusado y precisar cuántos estudiantes habrían sido afectados por estas prácticas.

Este caso vuelve a poner en debate el uso del poder dentro de espacios académicos, evidenciando cómo puede ser desviado hacia intereses políticos, en perjuicio de los derechos fundamentales de los estudiantes en universidades públicas.

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