El Poder Judicial del Perú dictó impedimento de salida del país por 18 meses contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros seis investigados por el presunto direccionamiento en el contrato de distribución de material electoral durante las elecciones del 12 de abril.
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La medida fue solicitada por el Ministerio Público del Perú, que sustentó el pedido señalando la existencia de un riesgo de fuga, luego del hallazgo de documentos de viaje durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto en el distrito de Miraflores.
Si bien el exfuncionario entregó sus pasaportes peruano e italiano, la Fiscalía advirtió que existiría otro documento vigente que podría permitirle salir del país.
Investigación por presunta colusión agravada
El caso se enmarca en una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, vinculados al proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral a nivel nacional.
Según la tesis fiscal, funcionarios de la ONPE habrían concertado con un proveedor para favorecerlo durante la evaluación técnica del proceso.
La orden judicial también alcanza a otros implicados, entre ellos José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral; Juan Phang, exsubgerente de Producción Electoral; Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga; además de Hilda Otoya, William García y Lilia Flores.
De acuerdo con el Ministerio Público, la aplicación de un criterio adicional en la evaluación habría influido en los resultados del proceso, beneficiando a la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., que obtuvo mayor puntaje técnico frente a Hermes Transportes Blindados S.A., pese a que esta última presentó una propuesta económica más favorable. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.
