¿Y ahora qué? | El proceso electoral del 2026 pasará a la historia, pero no precisamente como un ejemplo de democracia sólida, sino como un caso emblemático de desorden, improvisación y creciente desconfianza ciudadana.
El proceso electoral de 2026 en el Perú ha sido calificado como uno de los más desorganizados e improvisados de la historia reciente, afectando la credibilidad del sistema bajo la gestión de la ONPE. La complejidad del voto se incrementó debido a una cédula saturada con 35 candidatos presidenciales y cientos de postulantes al Legislativo, producto de cambios normativos del Congreso. En las regiones del sur, los electores retiraron el respaldo a figuras de partidos como Perú Libre y Alianza para el Progreso que dominaron en 2021. La jornada se caracterizó por el agotamiento de los miembros de mesa y serias deficiencias en la recepción del material electoral tras el cierre de las actas.
- La gestión de Piero Corvetto en la ONPE enfrenta cuestionamientos por la falta de previsión ante una jornada que superó las 20 horas de labor.
- El Congreso de la Repùblica es señalado por modificar las reglas electorales sin planificación, resultando en un sistema de votación desbordado por el número de candidatos.
- Fuerzas políticas antes influyentes en el sur del país perdieron representatividad parlamentaria en departamentos como Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.
- La ausencia de personal suficiente para recoger las actas electorales generó largas esperas y aumentó la desconfianza ciudadana sobre la transparencia del proceso.
Bajo la conducción de Piero Corvetto, el Organismo Nacional de Procesos Electorales ha quedado en el centro de una tormenta de cuestionamientos que difícilmente podrá disipar solo con explicaciones técnicas.
Ni siquiera en episodios tan polémicos como las elecciones de 1990 (marcadas por denuncias de fraude) se percibió un nivel de desorganización tan extendido como el actual.
Lo ocurrido en este proceso no solo ha generado incomodidad, sino una sensación generalizada de que el sistema electoral fue sometido a un “manoseo” que debilitó su credibilidad.
Un sistema desbordado y sin previsión
Parte del problema no recae únicamente en la administración electoral. El propio Congreso de la República del Perú contribuyó a este escenario al modificar las reglas de juego sin una adecuada planificación.
El resultado: una cédula de votación desbordada, con 35 candidatos presidenciales y cientos de postulantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Para muchos ciudadanos, votar dejó de ser un acto sencillo para convertirse en un ejercicio confuso, casi caótico, donde ubicar al candidato preferido era una tarea compleja incluso para electores informados.
Las consecuencias de esta sobrecarga fueron evidentes. Miembros de mesa exhaustos, jornadas que superaron ampliamente las 20 horas y un sistema que parecía no estar preparado para su propia magnitud.
Lo más grave, sin embargo, fue lo ocurrido tras el cierre de las mesas: ciudadanos que, luego de cumplir con el conteo y llenado de actas, tuvieron que esperar durante horas para entregar el material electoral debido a la ausencia de personal suficiente del ONPE. Una escena que retrata no solo desorganización, sino falta de previsión.
Mientras tanto, la percepción ciudadana tomó un rumbo peligroso. Para muchos, lo ocurrido no fue simplemente una suma de errores logísticos o “irregularidades administrativas”, como han sostenido algunas autoridades, sino indicios de algo más profundo.
Aunque no existan pruebas concluyentes de fraude, la sola sospecha ya constituye un daño severo a la democracia. En política, la confianza es tan importante como la transparencia, y en este proceso ambas han quedado seriamente golpeadas.
El mensaje de las regiones y el desafío pendiente
Sin embargo, no todo el balance es negativo. El resultado electoral también ha traído consigo un mensaje claro desde las regiones, especialmente en el sur del país. Fuerzas políticas que dominaron el escenario en 2021, como Perú Libre, han perdido protagonismo, reflejando un evidente desgaste.
Figuras como María Agüero y Alex Paredes en Arequipa, Guido Bellido y Katy Ugarte en Cusco, Jorge Coayla y Víctor Cutipa en Moquegua, Flavio Cruz en Puno, e Isaac Mita y Nieves Limache en Tacna, ya no continuarán en el Congreso.
Lo mismo ocurre con representantes de Alianza para el Progreso, como Alejandro Soto en Cusco y Alejandro Salhuana en Madre de Dios. Más allá de los nombres, el mensaje es claro: el electorado ha decidido pasar factura.
Y es que, para muchos ciudadanos, la labor de estos congresistas ha sido, en el mejor de los casos, poco visible. La falta de resultados concretos y de impacto en sus regiones terminó por erosionar su respaldo. No se trata solo de un castigo político, sino de una advertencia: la representación sin resultados ya no es suficiente.
El reto ahora es mayúsculo. Las nuevas autoridades no solo deberán responder a las expectativas ciudadanas, sino también contribuir a reconstruir la confianza en un sistema que ha salido seriamente debilitado.
Porque si algo ha dejado claro este proceso electoral, es que la democracia no solo se sostiene en votos, sino en reglas claras, instituciones eficientes y ciudadanos que crean en ellas.
Hoy, más que celebrar un cambio de nombres, el Perú enfrenta la urgente necesidad de corregir un sistema que ha mostrado sus grietas de manera alarmante. La pregunta es si quienes llegan estarán a la altura del desafío o si, una vez más, la decepción será la constante.
