Apunte Jurídico | En materia de seguridad ciudadana, el principal problema que enfrenta actualmente el Perú es el avance del sicariato y la extorsión, fenómenos criminales que tienen como consecuencia más dramática la pérdida de vidas humanas.
El Perú atraviesa una severa crisis de seguridad ciudadana marcada por el incremento del sicariato y la extorsión, alcanzando una tasa de 10.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Según datos del SINADEF, el país registra actualmente un promedio alarmante de 6.10 asesinatos diarios durante el inicio de la presente gestión presidencial. Esta situación se ve agravada por la inestabilidad institucional, reflejada en la rotación de ocho presidentes en la última década y en la falta de planes técnicos sostenibles. Ante este escenario, se propone la creación de un acuerdo nacional que trascienda periodos gubernamentales y establezca políticas de Estado integrales centradas en la prevención, inteligencia y articulación de niveles de gobierno.
- Perú registra una tasa de 10.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando los índices de Chile y Argentina en la región.
- El Sistema Nacional de Defunciones reporta un promedio diario de seis asesinatos durante los primeros días del gobierno del presidente Balcázar.
- La inestabilidad política, con ocho mandatarios en diez años, ha impedido el desarrollo de estrategias de seguridad coherentes y de largo plazo.
- El endurecimiento de penas y el populismo legislativo han demostrado ser insuficientes para resolver el problema de la criminalidad organizada.
- Se requiere un enfoque multidimensional que fortalezca la inteligencia policial, la tecnología y la reinserción social bajo un consenso de Estado.
Hace poco más de quince años, el Perú —junto con Chile— figuraba entre los países con menor tasa de homicidios en América Latina. En 2013, Chile registraba 3.15 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que el Perú alcanzaba 6.61, cifras que, en comparación regional, reflejaban un escenario relativamente favorable (fuente: DW).
Sin embargo, en los últimos años la criminalidad en América Latina ha aumentado de manera sostenida, y el Perú ya no se encuentra entre los países más seguros de la región. Para el año 2025, los países con menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes son El Salvador, Argentina y Chile.
El Salvador reportó apenas 82 homicidios en 2025, con una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes. No obstante, es necesario precisar que el gobierno salvadoreño utiliza una definición más restrictiva de homicidio que la empleada por otros países.
Por ejemplo, los cuerpos hallados en fosas clandestinas, las muertes a manos de la policía o los asesinatos ocurridos en centros penitenciarios no se incluyen en las estadísticas oficiales.
Por su parte, Argentina registra una tasa de 3.7 homicidios, mientras que Chile alcanza 5.4 por cada 100 mil habitantes. En contraste, el Perú registra 10.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el balance de homicidios en América Latina elaborado por InSight Crime para el año 2025.
Apunte Jurídico: el aumento de la violencia en el Perú
Las cifras más recientes resultan aún más preocupantes. De acuerdo con los reportes del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante los primeros 24 días del gobierno del presidente Balcázar, el país ha alcanzado un promedio de 6.10 asesinatos por día (fuente: La República).
El panorama se vuelve particularmente sombrío en contextos de inestabilidad política. En la última década, el Perú ha tenido ocho presidentes, una rotación que evidencia la fragilidad institucional del país.
Esta inestabilidad suele traducirse en gobiernos sin un plan claro en materia de seguridad ciudadana, sin equipos técnicos consolidados y con políticas públicas marcadas por la improvisación.
A ello se suma un Congreso que, con frecuencia, incurre en populismo legislativo, aprobando leyes al calor de la coyuntura y bajo la premisa equivocada de que endurecer las penas resolverá el problema de la inseguridad.
La evidencia demuestra que el aumento de las penas no ha solucionado el problema criminal. Asimismo, las políticas de seguridad planteadas únicamente dentro de horizontes de gobierno de cinco años resultan claramente insuficientes.
Cada proceso electoral trae consigo candidatos que aseguran tener la solución definitiva; sin embargo, la experiencia demuestra que el problema requiere una política sostenida en el tiempo.
La necesidad de una política de Estado
Lo que el país necesita es un gran acuerdo nacional por la seguridad ciudadana, un consenso que involucre a los partidos políticos, al Estado y a la sociedad civil. Dicho acuerdo debe trascender los periodos de gobierno y consolidarse como una auténtica política de Estado.
La inseguridad ciudadana debe abordarse de manera integral y multidimensional: desde la prevención, el control y la disuasión del delito, hasta la reinserción social con oportunidades reales. Es necesario pasar del diagnóstico permanente a la implementación de soluciones efectivas.
El objetivo no debe ser únicamente construir más cárceles, sino reducir los delitos, especialmente la tasa de homicidios. Para ello se requiere un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno, con estrategias de prevención dirigidas a pandillas juveniles, intervenciones en las zonas con mayor incidencia delictiva y programas que generen oportunidades para los sectores más vulnerables.
De igual manera, la Policía Nacional del Perú debe contar con una adecuada capacitación, así como con tecnología, inteligencia y logística suficientes para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato.
Solo será posible obtener resultados sostenibles en la lucha contra la inseguridad cuando se construyan consensos sólidos y políticas de Estado de largo plazo, orientadas a garantizar lo que todo país necesita: un entorno seguro para sus ciudadanos.
