¿Y Ahora Qué?| El viejo dicho popular “tras cuernos, palos” parece describir perfectamente lo que vive hoy el Perú. No terminamos de salir de una crisis cuando ya estamos entrando a otra. Y lo peor es que muchas de estas desgracias no son producto de la mala suerte, sino de años de irresponsabilidad política, improvisación y decisiones que han debilitado gravemente las instituciones del país.
El Perú enfrenta una profunda crisis institucional derivada de una década de confrontación política y un sistema fragmentado con 38 partidos inscritos. Esta debilidad permite la postulación de candidatos con antecedentes judiciales y promesas electorales irreales que no fortalecen la democracia. A nivel regional, se reporta negligencia en la fiscalización urbana de Arequipa, donde se han permitido construcciones riesgosas en cauces de torrenteras. Finalmente, las brechas en infraestructura estratégica y la alta informalidad laboral evidencian que el crecimiento macroeconómico no se traduce en una mejora real de la calidad de vida ciudadana.
- El sistema político peruano presenta una fragmentación excesiva con 38 partidos en carrera, lo que debilita la representatividad nacional.
- La falta de filtros legales permite que personajes investigados por corrupción o con sentencias judiciales aspiren a cargos públicos de alto nivel.
- En el sur del país, se cuestiona la gestión de autoridades locales por otorgar licencias de construcción en zonas geográficas peligrosas.
- Expertos advierten que el modelo económico requiere mayor industrialización y protección social para superar la dependencia de las materias primas.
Gran parte de esta situación tiene su origen en el caos político que se arrastra desde hace al menos una década. Desde entonces, el país vive atrapado en una dinámica de confrontación permanente entre poderes del Estado.
Todo comenzó cuando una candidata presidencial que perdió las elecciones decidió gobernar desde el Congreso. Desde ese momento, la política nacional se convirtió en una batalla constante donde el objetivo dejó de ser el bienestar del país para convertirse en la destrucción del adversario político.
El resultado de ese enfrentamiento permanente fue la degradación progresiva de la política. Las reformas electorales aprobadas en el Congreso, lejos de fortalecer la democracia, terminaron fragmentando aún más el sistema político.
Hoy el Perú tiene 38 partidos políticos en carrera electoral, una cifra absurda que no tiene comparación en el mundo. Lejos de representar mayor pluralidad o democracia, esta proliferación de partidos refleja la debilidad institucional y el oportunismo político de quienes ven en la política un negocio o un trampolín personal.
Un sistema político sin filtros
La situación se vuelve aún más preocupante cuando observamos quiénes aspiran a gobernar el país. En el Perú de hoy, incluso personajes con sentencias judiciales o con graves cuestionamientos pueden postular a la presidencia.
El caso de Vladimir Cerrón es uno de los ejemplos más evidentes de cómo el sistema político ha perdido cualquier filtro mínimo de decencia. Pero no es el único. Hay candidatos con procesos judiciales, investigaciones por corrupción o antecedentes cuestionables que participan sin mayor problema en la contienda electoral.
Mientras tanto, los ciudadanos escuchan nuevamente el mismo libreto de siempre: promesas imposibles, discursos grandilocuentes y ofertas electorales que saben perfectamente que nunca cumplirán.
La historia reciente está llena de ejemplos de promesas absurdas. Hace poco una candidata aseguró que construiría un millón de viviendas en un año, lo que implicaría levantar más de 80 mil casas por mes, algo completamente irreal incluso para países con economías mucho más grandes que la peruana.
Improvisación y negligencia en el ámbito local
Pero el problema no se limita a la política nacional. A nivel local, la situación no es mucho mejor. Muchas autoridades municipales muestran la misma combinación de improvisación, negligencia y falta de responsabilidad.
Un ejemplo reciente ocurrió en el distrito de Yanahuara, donde tras una tragedia se intentó inicialmente deslindar responsabilidades. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el propio municipio había construido un muro a la altura del colegio Colegio Lord Byron, obra que habría contribuido a agravar la tragedia que hoy lamenta Atrequipa.
A esto se suman decisiones urbanísticas que desafían cualquier criterio técnico. El caso de la Universidad Continental resulta particularmente polémico. La institución obtuvo licencia para construir edificios en pleno lecho de una torrentera, una zona que por definición debería estar protegida por razones de seguridad.
¿Cómo se otorgó esa licencia? La respuesta no es difícil de imaginar en un país donde los “arreglos bajo la mesa” han sido parte del funcionamiento cotidiano de muchas instituciones públicas.
Y si eso no fuera suficiente, en el cono norte de la ciudad incluso se ha permitido la construcción de una vivienda de tres pisos sobre una torrentera. La pregunta es inevitable: ¿dónde están las autoridades encargadas de fiscalizar? ¿Quién supervisa estas obras? ¿Quién asume la responsabilidad cuando ocurre una tragedia?
Un país que presume cifras mientras ignora su realidad
Como si el panorama no fuera ya lo suficientemente complejo, el país también enfrenta problemas en sectores estratégicos. Lo ocurrido recientemente en Megantoni, con el incidente en una tubería de gas, terminó generando largas colas en grifos y preocupación entre los ciudadanos por el abastecimiento energético.
Episodios como este muestran las debilidades estructurales en la gestión de infraestructura crítica.
Frente a todo esto, el discurso oficial suele refugiarse en indicadores macroeconómicos. Se presume del crecimiento de las exportaciones o del nivel de reservas internacionales, como si esos datos fueran suficientes para describir la realidad del país.
Pero la verdad es que la calidad de vida de los peruanos no mejora al mismo ritmo que las cifras macroeconómicas.
De hecho, esa es precisamente una de las críticas más frecuentes al llamado “modelo peruano”. Mientras algunos economistas destacan la estabilidad macroeconómica, millones de trabajadores sobreviven en la informalidad, con salarios bajos y sin acceso a derechos laborales básicos.
No es casualidad que en otros países se utilice el término “peruanizar la economía” como advertencia sobre los riesgos de un crecimiento sin institucionalidad ni protección social.
El Perú sigue siendo, en gran medida, una economía que exporta materias primas o productos agrícolas sin mayor valor agregado. La industrialización sigue siendo una promesa pendiente, al igual que la generación de empleo formal a gran escala.
