El Poder Judicial evaluará este 25 de febrero el pedido del Ministerio Público para extender por un año adicional la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntamente liderar una organización criminal vinculada a casos en Provías Descentralizado, el Ministerio de Vivienda y Petroperú.
El Ministerio Público ha solicitado una ampliación de 12 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo en el marco de las investigaciones por presunta organización criminal. El Poder Judicial evaluará este pedido el próximo 25 de febrero a las 3:00 p. m. a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Las pesquisas se centran en supuestos actos de corrupción vinculados a Provías Descentralizado, el Ministerio de Vivienda y Petroperú. Actualmente, Castillo cumple una condena por conspiración de rebelión, pero este proceso adicional podría conllevar una pena de hasta 32 años de privación de la libertad.
- La audiencia para evaluar la extensión de la prisión preventiva se llevará a cabo el 25 de febrero.
- El requerimiento fiscal surge ante el próximo vencimiento del plazo de 36 meses dictado en marzo de 2023.
- Castillo es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
- La Fiscalía estima que, de confirmarse las imputaciones, la sanción podría alcanzar los 32 años de prisión.
Audiencia clave y posible pena de 32 años
El Corte Suprema de Justicia de la República, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, programó la audiencia para las 3:00 p. m., donde se analizará la solicitud presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. El requerimiento fue ingresado el 20 de febrero, pocos días antes de que venciera el plazo de 36 meses de prisión preventiva dictado en marzo de 2023.
Castillo ya cumple una condena de 11 años y 5 meses por conspiración de rebelión. Sin embargo, también enfrenta el proceso por organización criminal agravada en la modalidad de colusión y tráfico de influencias, en agravio del Estado.
La fiscal suprema adjunta Galinka Meza señaló en una audiencia previa que, de confirmarse las imputaciones, la pena podría alcanzar los 32 años de prisión. “La sanción a estimarse… sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, precisó.
La jueza encargada del caso deberá determinar si se cumplen los requisitos legales para prolongar la medida coercitiva por 12 meses más, mientras continúan las investigaciones contra el exmandatario.
