El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de habeas corpus que busca que se otorgue de manera inmediata un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México. El recurso también plantea que ninguna autoridad del Estado peruano pueda intervenir o ingresar a la sede diplomática. La acción constitucional fue presentada por un ciudadano contra el presidente José Jerí, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial.
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Pedido incluye protección a la Embajada de México
La resolución fue emitida por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia, que dio curso a la demanda presentada por Rubén Serpa Valdez. El objetivo central del recurso es permitir que Chávez pueda trasladarse a México y continuar con el asilo diplomático concedido, pese a que se encuentra sentenciada por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022. La exfuncionaria permanece en la sede diplomática mexicana desde el 3 de noviembre.
En el documento también se solicita que se declare la existencia de una amenaza “cierta, real y grave” contra la inviolabilidad de la embajada. En esa línea, se pide que se disponga que ninguna autoridad —incluido el jefe de Estado, la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial— pueda ingresar por la fuerza, requisar o intervenir el local diplomático.
Asimismo, el demandante requirió que se ordene al Ejecutivo y a la Policía abstenerse de cualquier intento de ingreso, captura o acción dentro de la residencia mexicana. También se planteó la adopción de medidas de protección urgentes y cautelares para resguardar el recinto y evitar actos de hostigamiento. En la demanda se consigna, además, a la Embajada de México como beneficiaria de la medida.
Argumentos que sustentan la demanda
Según la resolución judicial, el habeas corpus se sustenta en que el presidente José Jerí habría expresado públicamente la posibilidad de ingresar por la fuerza a la Embajada de México para cumplir un mandato judicial de prisión preventiva contra Betssy Chávez. El demandante sostuvo que tales declaraciones representarían una amenaza “real, cierta e inminente” y vulnerarían la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
De igual modo, se advirtió que cualquier intervención forzada en una sede diplomática extranjera implicaría una ejecución indebida de una orden judicial y configuraría una violación del derecho internacional, con eventuales responsabilidades para el Estado peruano.
Ante ello, el Poder Judicial dispuso correr traslado de la demanda a la Procuraduría de la PCM, la Cancillería, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial, a fin de que presenten sus descargos en un plazo de tres días.
Pronunciamiento del Ejecutivo
En paralelo, el Gobierno emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la difusión de videos y mensajes atribuidos a Betssy Chávez en redes sociales. El Ejecutivo manifestó su “malestar” a las autoridades mexicanas por estos hechos, amparándose en lo establecido en el artículo XVIII de la Convención de Caracas sobre el Asilo Diplomático.
“El gobierno peruano ha recibido la confirmación de que los mensajes y grabaciones han sido retirados de las redes sociales, así como de que esas situaciones no se repetirán en el futuro”, señaló el Ejecutivo en su pronunciamiento oficial.
