La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay dispuso el archivo de siete investigaciones penales abiertas contra pobladores del valle de Tambo, quienes fueron denunciados tras las protestas realizadas entre febrero y marzo de 2025 en rechazo al proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, región Arequipa.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay determinó el archivo de siete investigaciones penales contra pobladores del valle de Tambo vinculadas a las protestas de 2025 frente al proyecto minero Tía María. La decisión se fundamenta en la falta de pruebas concluyentes y la imposibilidad de identificar a responsables directos de presuntos delitos contra los medios de transporte y disturbios. Según la defensa técnica de los involucrados, estas carpetas carecían de sustento jurídico suficiente para continuar con los procesos judiciales en la provincia de Islay. Este hecho ocurre en un contexto de prolongada tensión social por preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental y la actividad agrícola regional.
- La Fiscalía de Islay cerró siete carpetas fiscales por falta de testigos y medios probatorios suficientes sobre las manifestaciones de febrero y marzo de 2025.
- Las denuncias archivadas abordaban presuntos delitos de disturbios y afectación a los medios de transporte durante la paralización indefinida en el valle de Tambo.
- La defensa legal, a cargo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), sostuvo que las imputaciones carecían de base jurídica sólida.
- El conflicto en torno al proyecto minero Tía María persiste debido al temor de la población local por posibles repercusiones en la salud y la agricultura de la zona.
De acuerdo con la disposición fiscal N.° 03-2025-MP-DFA-FPPC-ISLAY, las carpetas fiscales fueron cerradas debido a que no se logró identificar a los presuntos responsables ni se contó con testigos o medios probatorios suficientes que permitan sostener las imputaciones formuladas durante las investigaciones.
Fiscalía: Protestas sociales y cuestionamientos legales
Las investigaciones se iniciaron luego de la paralización indefinida que comenzó el 18 de febrero de 2025, periodo en el que se registraron diversas manifestaciones públicas en el valle de Tambo. Las denuncias estaban relacionadas con presuntos delitos contra los medios de transporte, disturbios y otros hechos que habrían ocurrido durante las jornadas de protesta.
El abogado David Velazco Rondón, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) y defensor legal de los investigados, señaló que el archivo de los casos confirma que las denuncias carecían de sustento jurídico, por lo que no correspondía continuar con procesos penales contra los pobladores.
Asimismo, sostuvo que las investigaciones afectaron derechos fundamentales, como el derecho a la protesta pacífica y la defensa del medioambiente, ejercidos por los agricultores y pobladores del valle de Tambo, quienes desde hace años expresan su rechazo al proyecto minero.
Cabe recordar que el conflicto social en torno al proyecto Tía María se mantiene desde hace varios años. Los habitantes del valle advierten que el inicio de operaciones mineras podría afectar la salud de la población y los cultivos agrícolas, principales fuentes de sustento económico de la zona, lo que ha generado una prolongada tensión social en la provincia de Islay.
