Por: Omar J. Candia Aguilar
[email protected]
Generando resumen...
La reciente prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), dispuesta a través de la Ley N.° 32537, ha vuelto a encender un debate que el Estado peruano ha postergado por demasiado tiempo.
No se trata ya de una discusión técnica aislada, sino de la evidencia de un problema estructural: esta es la quinta ampliación del REINFO, lo que confirma que nos encontramos ante un círculo vicioso de prórrogas sucesivas, sin evaluación real de resultados ni una política pública coherente que aborde la pequeña minería y la minería artesanal de manera integral, seria y responsable.
No puede negarse que el REINFO no ha cumplido su finalidad esencial de formalización. Lejos de constituir una herramienta eficaz para incorporar a los mineros informales a la legalidad, se ha convertido en un sistema permisivo y disfuncional que, en la práctica, ha permitido que determinados actores se aprovechen de sus vacíos normativos.
En muchos casos, el REINFO ha sido instrumentalizado para consolidar posiciones de dominio, fortalecer la minería ilegal y, en los escenarios más graves, servir de cobertura para actividades vinculadas al crimen organizado. Esta realidad no puede seguir siendo ignorada ni minimizada por el legislador.
Sin embargo, sería un grave error —y una injusticia— generalizar y afirmar que todos los mineros artesanales o pequeños mineros desarrollan actividades ilícitas. Existe una realidad social que el derecho no puede desconocer: miles de familias viven de la actividad minera, trabajan honestamente y dependen de ella para su subsistencia.
Para estos sectores, el REINFO, pese a sus deficiencias, ha sido el único mecanismo que les ha permitido mantenerse dentro de un marco mínimo de legalidad. Suprimirlo de manera abrupta, sin una alternativa seria y viable por parte del Estado, implicaría empujarlos nuevamente a la informalidad o a la ilegalidad, agravando el problema que se pretende resolver.
Reinfo: el debate político y la necesidad de una reforma estructural
A ello se suma un factor político ineludible. En un contexto de campaña electoral, resulta poco realista pensar que pueda impulsarse una reforma profunda y técnica de la pequeña minería y la minería artesanal.
La experiencia demuestra que, en estos escenarios, la demagogia suele imponerse sobre la racionalidad, y las reformas necesarias terminan desnaturalizadas o convertidas en contrarreformas que perpetúan el statu quo.
De allí la necesidad de separar el debate técnico de la coyuntura electoral y asumir el problema como una cuestión de Estado.
En ese contexto, la denominada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) aparece como una alternativa normativa al agotado REINFO. Este proyecto busca abordar de manera más estructural los principales problemas que aquejan al sector, y uno de los más graves, sin duda, es el régimen de concesiones mineras.
Resulta insostenible que aproximadamente el 1 % de los titulares mineros controle cerca de la mitad de las concesiones del país, o que más del 80 % de estas no se encuentren en explotación efectiva, mientras más del 90 % de la minería informal opera en concesiones ajenas.
A ello se suma la compleja y caótica superposición de concesiones, así como la proliferación de contratos de explotación, cesión en uso y transferencias que, en muchos casos, encubren relaciones abusivas y precarias.
El régimen de concesiones requiere una reforma profunda que obligue a su uso efectivo y a que sean explotadas exclusivamente por sus titulares, bajo sanción real y efectiva. No es razonable mantener un sistema que fomenta la especulación y la concentración, mientras empuja a miles de pequeños mineros a la informalidad estructural.
Otro de los problemas más agudos es la contaminación ambiental. El Estado debe recuperar el principio de autoridad y hacer cumplir los estándares ambientales sin excepciones ni dobles discursos.
Resulta paradójico que exista una fuerte oposición a la gran minería por el temor a la contaminación de ríos, lagos y valles, cuando la pequeña minería, desarrollada sin control ni fiscalización adecuada, puede generar impactos ambientales incluso más severos.
Para ello, es indispensable asignar presupuestos específicos y suficientes tanto a los gobiernos regionales como a la OEFA, que les permitan ejercer una fiscalización efectiva y permanente.
En conclusión, el REINFO ha demostrado su agotamiento. Seguir prorrogándolo sin una reforma estructural solo prolonga el problema. El desafío no es elegir entre formalización o represión, sino diseñar una política minera integral que combine legalidad, justicia social, sostenibilidad ambiental y autoridad estatal.
Solo así la pequeña minería y la minería artesanal dejarán de ser un problema crónico y podrán convertirse en una verdadera oportunidad de desarrollo para el país.
