El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, registra en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cumplimiento de una sentencia judicial firme que lo obliga a pagar una pensión alimentaria a favor del hijo que tuvo con su expareja, Jenny Gutiérrez Vaisman. La decisión judicial fue confirmada luego de que el líder de APP apelara el fallo de primera instancia.
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La resolución, emitida por el 17° Juzgado de Familia de Lima, ratifica la orden de que Acuña entregue de manera “mensual y adelantada” los recursos económicos necesarios para la manutención del menor. No obstante, en la información presentada ante el JNE no se consigna que, de forma paralela al proceso de alimentos, Gutiérrez Vaisman interpuso reiteradas denuncias por presuntos actos de violencia familiar.
En su declaración jurada, Acuña reporta ingresos anuales cercanos a los S/9,8 millones, monto que —según especialistas— permitiría cubrir sin dificultad las necesidades del menor. Pese a ello, el político optó por impugnar inicialmente la sentencia, lo que evidencia que el conflicto con su expareja no se limitó únicamente al aspecto económico.
Denuncias y antecedentes policiales
Este diario accedió a cuatro denuncias policiales presentadas por Jenny Gutiérrez contra César Acuña entre los años 2018 y 2020, las cuales dan cuenta de una serie de episodios que irían más allá de una disputa por pensión de alimentos.
Uno de los hechos ocurrió el 27 de marzo de 2018, cuando Gutiérrez relató ante la Policía que, tras dejar a su hijo en el colegio, se produjo una discusión dentro del vehículo de su expareja. Según su versión, Acuña no le permitió descender del automóvil pese a sus reiterados pedidos, logrando hacerlo recién a la altura de la embajada de Estados Unidos. En esa oportunidad, la denunciante recordó que ya contaba con medidas de protección dictadas por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima.
Semanas después, el 19 de abril de 2018, Gutiérrez informó que recibió mensajes desde el celular de Acuña, supuestamente enviados por una de sus hijas, en los que se le pedía que dejara de enviar fotografías. Ella negó tal situación y sostuvo que solo compartía imágenes de su hijo menor. Además, indicó que el padre no acudía a visitar al niño.
El 26 de junio del mismo año, volvió a acudir a la Policía para denunciar presuntos maltratos físicos, psicológicos y psíquicos. De acuerdo con su testimonio, durante una salida al centro comercial Jockey Plaza, Acuña habría insistido en mantener relaciones íntimas en presencia del menor. Al negarse, el político les pidió que descendieran del vehículo, provocando el llanto y susto del niño.
Hechos posteriores y proceso legal
La última denuncia registrada data del 5 de marzo de 2020. En ella, Gutiérrez señaló que Acuña acudió a su domicilio para cumplir con el régimen de visitas, pero no lo concretó. Asimismo, indicó que varias camionetas permanecieron frente a su vivienda durante algunos minutos, lo que —según su percepción— tuvo como finalidad intimidarla y hostigarla, generándole afectación psicológica.
Uno de estos casos continúa en investigación en el Ministerio Público. Sin embargo, el abogado de Acuña, Elio Riera Garro, sostuvo que los procesos han sido archivados. “Los procesos de violencia son de naturaleza precautoria y se dictan medidas mientras dura la investigación penal. El proceso penal ha sido archivado y solo falta la actualización en el sistema para corroborarlo”, manifestó el letrado, quien además postula como candidato a diputado por APP.
Este medio intentó recoger la versión de Jenny Gutiérrez Vaisman, quien inicialmente aceptó brindar declaraciones, pero luego no respondió a las llamadas. Tampoco se obtuvo respuesta de su abogado, Jorge Del Castillo.
Opinión de especialistas
Consultadas sobre el caso, abogadas especializadas en Derecho de Familia señalaron que la necesidad de iniciar un proceso judicial por alimentos suele evidenciar incumplimiento por parte del obligado. La letrada Reyna Orellano explicó que, cuando una madre se ve forzada a recurrir a la vía judicial, “es porque existe irresponsabilidad respecto a la persona obligada”.
Añadió que, en contextos de violencia familiar, suelen observarse patrones de control y falta de capacidad para ceder. En tanto, Nayeli Montoya Paz recordó que, al confirmarse una sentencia de alimentos, se mantienen las mismas condiciones del fallo inicial y que el incumplimiento reiterado puede derivar en responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad.
Finalmente, Elio Riera afirmó que la inclusión de la sentencia en la Hoja de Vida de Acuña demostraría su transparencia. No obstante, especialistas precisan que declarar este tipo de información es una obligación legal para todo candidato.
