Por: Milagros Corrales
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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó desde la madrugada de este lunes un amplio operativo de allanamientos en el Callao, que incluyó la vivienda del gobernador regional Ciro Castillo Rojo, en el marco de la investigación por la presunta organización criminal denominada “Los socios del Callao”. Las diligencias se desarrollaron de manera conjunta con el Ministerio Público.
Investigación por presunta colusión en el Gobierno Regional
De acuerdo con información policial, agentes de la Dirección contra la Corrupción intervinieron un total de 27 inmuebles presuntamente vinculados a esta red, la cual estaría implicada en el delito de colusión agravada. La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían manipulado procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao.
Según la hipótesis fiscal, funcionarios y servidores públicos habrían aprovechado sus cargos para fraccionar contratos y adjudicarlos por montos iguales o menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), evitando así los procedimientos de selección establecidos por la normativa vigente.
Como parte del operativo, se logró la detención de cuatro personas: Luis Antonio Blanco Cabrera, identificado como proveedor; César Edilberto Huaringa Arango, encargado de almacén del Gobierno Regional; Daniel Jesús Villalobos Sampén, especialista de la misma entidad; y Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones.
Las autoridades estiman que estas presuntas irregularidades se habrían iniciado desde el comienzo de la gestión de Ciro Castillo y abarcarían al menos 63 procesos de contratación, lo que habría ocasionado un perjuicio económico superior al millón de soles al Estado.
Orden de detención y defensa legal
En el marco de la investigación, el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar contra Castillo Rojo, señalado por la Fiscalía como presunto líder de la organización criminal. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el gobernador —padre de Ciro Castillo— permanece no habido.
Respecto al allanamiento de su vivienda, el abogado defensor Humberto Abanto afirmó que la diligencia no arrojó resultados relevantes. El letrado cuestionó la justificación de la medida y señaló que, según el criterio del juez, en los domicilios de supuestos cabecillas suelen encontrarse documentos de interés, algo que —aseguró— no ocurrió en este caso.
“El allanamiento se justifica en que, según el juez, suele haber en la casa de los jefes de organizaciones criminales documentación. Eso es una vaguedad”, expresó Abanto, quien agregó que la diligencia fue declarada infructuosa en el acta oficial.
Finalmente, el abogado evitó pronunciarse sobre el paradero de su patrocinado y sostuvo que no fueron notificados previamente sobre la investigación, adelantando que presentarán una apelación contra la orden de detención preliminar emitida por la justicia.
