A tres años de los hechos de violencia registrados durante las protestas sociales en el país, la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas de las Protestas 2022-2023 realizó una movilización en la región Apurímac. La jornada reunió a familiares de siete personas fallecidas, quienes recorrieron las principales calles para exigir justicia y denunciar el archivo de investigaciones que involucran a altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte.
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La manifestación congregó a deudos provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones, quienes expresaron de manera conjunta su rechazo a las decisiones adoptadas por las autoridades. Durante la marcha, el clamor fue unánime: justicia para las víctimas y sanción para los responsables.
Denuncias por abandono estatal y retroceso en investigaciones
Raúl Samillán Sanga, representante de la asociación, cuestionó duramente al Congreso, al presidente de la República, José Jerí, y al fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, a quienes acusó de actuar con oportunismo político. Según señaló, el archivo de denuncias constitucionales evidencia una falta de voluntad para esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas.
Samillán afirmó que las víctimas y sus familias continúan en una situación de total desamparo. Indicó que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y advirtió que existen menores que quedaron huérfanos, así como heridos que aún conservan proyectiles en el cuerpo sin recibir atención médica adecuada ni apoyo para su rehabilitación.
Los manifestantes también denunciaron la destitución que calificaron como “ilegal” de la fiscal Delia Espinoza, quien estaba a cargo de las investigaciones relacionadas con las protestas. De acuerdo con la asociación, los procesos se encontraban avanzados y su salida significó un serio retroceso. A ello se suma el recorte presupuestal al Ministerio Público, que ha limitado aún más la capacidad de continuar con las pesquisas.
En ese contexto, Samillán sostuvo que la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder respondería a una estrategia para frenar investigaciones sensibles. Durante la movilización afirmó: «Ellos quieren tener el camino libre para llegar a la Cámara de Senadores y Diputados», en referencia a presuntos intereses políticos detrás de estas decisiones.
Anuncian nuevas acciones de protesta
La asociación informó que las actividades conmemorativas continuarán en los próximos días. El 15 de diciembre, los familiares se trasladarán a Ayacucho para acompañar a las víctimas de esa región y reforzar su demanda de justicia a nivel nacional.
A la movilización en Apurímac también se sumaron delegaciones de Huancabamba, localidad de donde era Denison Guayanca, quien falleció tras ser presuntamente torturado el 9 de febrero de 2023. Al cierre de la jornada, los manifestantes reiteraron su mensaje al Ejecutivo con una consigna contundente: «Las manos de Boluarte están manchadas con sangre». Aseguraron que continuarán movilizándose el tiempo que sea necesario hasta obtener verdad y justicia.
