La Contraloría General de la República (CGR) inició en la madrugada del miércoles 3 un operativo de control multisectorial en la frontera entre Perú y Chile. El objetivo principal es evaluar la eficacia y coordinación de las instituciones responsables de la seguridad fronteriza y el control migratorio, en un contexto de aumento de migrantes irregulares y bajo un estado de emergencia vigente. Durante la inspección, el equipo de la CGR comprobó la ausencia de personal militar tanto en la línea de frontera como en el Hito N.° 1.
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Auditores desplegados en puntos críticos
El despliegue de auditores continuará durante toda la semana en los principales puestos de vigilancia de Tacna. Desde allí, verificarán la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, Migraciones y los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores ante el aumento de personas indocumentadas en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, zonas incluidas en la declaratoria de emergencia.
Falta de presencia militar en la frontera
Durante la visita al Complejo Fronterizo Santa Rosa y al Hito 1, el equipo de la Contraloría evidenció que no había personal militar cumpliendo funciones en estos puntos. Según detallaron los auditores, se revisa si las labores del Ministerio de Defensa, la PNP y Cancillería se ejecutan de manera conjunta y siguiendo los protocolos para el control fronterizo en los puestos de Santa Rosa y Francisco Bolognesi.
La entidad fiscalizadora también supervisa el avance del Ministerio del Interior en la conformación y operatividad del Comando de Coordinación Unificado de Tacna. Este organismo debe funcionar según lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 135-2025-PCM, que declaró en emergencia las zonas fronterizas mencionadas. Sobre este punto, la Contraloría señaló que evalúa si los comités “se encuentran funcionando conforme a la normativa vigente”, aunque no brindaron aún un balance final.
Migraciones: fallas en equipos y personal
En cuanto al proceso migratorio, el operativo permitió revisar módulos de atención, equipos biométricos y áreas destinadas al control secundario. Allí se encontraron limitaciones en los lectores de huellas y una “operatividad parcial del personal”, según constató el equipo auditor.
