La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió una nueva orden para ubicar y detener, tanto dentro como fuera del país, a la exministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la Embajada de México en Lima. La medida se oficializó luego de que se leyera la sentencia que la condena a 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión. Según la resolución, el tribunal concluyó que Chávez Chino tuvo un rol activo en la organización y coordinación del fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Asimismo, se confirmó que no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de dos años.
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Reacciones del Ejecutivo
El jefe del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reiteró el 24 de noviembre que el Gobierno no ingresará a la sede diplomática mexicana. El premier recordó —según se detalla— que tanto él como el canciller Hugo de Zela, con amplia experiencia en relaciones internacionales, coinciden en que no existe posibilidad legal de retirar por la fuerza a una persona de una embajada, incluso ante requerimientos judiciales.
“No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona”, fue uno de los fragmentos que mantuvo sin variación durante su declaración.
Pronunciamiento de la defensa
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, se manifestó en su cuenta de X tras conocerse la sentencia. En su publicación, el letrado afirmó que, a su juicio, la resolución “se concretó como una acción de la dictadura”, refiriéndose a los casos de Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres. En su mensaje —que acompañó con un video— sostuvo que el fallo obedecería a intereses de “grupos que mantienen secuestrada la democracia”, y concluyó con el llamado: “Hoy más que nunca, unidad y resistencia”.
