Este lunes 24 de noviembre, la Corte Suprema del Perú evaluará el pedido de la Fiscalía para imponer un impedimento de salida del país por 18 meses a la expresidenta Dina Boluarte. La Sala Penal Permanente revisará la apelación interpuesta por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones sobre el caso Cirugías, en el que se le imputa el presunto delito de negociación incompatible.
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Audiencia virtual y argumentos en discusión
La audiencia está programada para las 9 de la mañana y se llevará a cabo de manera virtual, donde tanto la Fiscalía como la defensa de Boluarte deberán presentar sus argumentos. La solicitud de la Fiscalía busca impedir que la exmandataria abandone el país mientras avanzan las investigaciones sobre los presuntos actos irregulares relacionados con su gestión.
En octubre de este año, el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud del Ministerio Público, argumentando que no existían elementos suficientes para restringir el derecho de Boluarte a viajar. En su resolución, el juez señaló que la Fiscalía no pudo demostrar que la expresidenta representara un riesgo de fuga o que estuviera obstruyendo el curso de la justicia. Según el juez Checkley, los supuestos vínculos familiares y económicos de Boluarte con el extranjero no fueron lo suficientemente sólidos como para justificar la medida cautelar.
Detalles del caso y acusaciones
El caso se centra en presuntas irregularidades ocurridas durante la presidencia de Boluarte, en particular, en relación con nombramientos y contrataciones vinculadas al cirujano Cabani. La Fiscalía sostiene que Boluarte favoreció a personas cercanas a Cabani en posiciones clave en EsSalud. Además, se le acusa de intervenir para acelerar el pago de una importante suma de dinero a un médico vinculado a las cirugías realizadas en su gestión. Según el Ministerio Público, estos actos reflejan un patrón de favores y podrían constituir una negociación incompatible.
Sin embargo, el abogado de la exmandataria negó las acusaciones y defendió que el pedido de impedimento de salida carece de base legal y tiene una motivación política. “No existe riesgo de fuga ni obstaculización, solo una intención de generar titulares”, afirmó.
