Una intensa persecución e intervención policial terminó con la captura de seis personas acusadas de integrar una presunta red de tráfico de terrenos en el distrito de Majes, provincia de Caylloma en Arequipa. El hecho ocurrió la mañana de este viernes en un descampado del asentamiento humano C-3, luego de una balacera entre agentes de inteligencia y los presuntos delincuentes.
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De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional, los detenidos habrían interceptado a efectivos policiales que se encontraban de civil con la intención de cobrarles un supuesto cupo. Ante la negativa de los agentes, se desató un enfrentamiento armado en plena zona urbana, lo que generó alarma entre los vecinos.
Sospechosos y evidencias encontradas
Los intervenidos fueron identificados como Daniel Jara Casani, Luis Chira Flores, Fernando Chullo Ale, César Quispe Condori, Luis Beltrán Chira y Maribel Romanville Lovón. Todos ellos son investigados por su presunta vinculación al tráfico ilegal de terrenos, aunque la Policía precisó que las diligencias y pericias en curso deberán confirmar su responsabilidad.
El coronel PNP Elmer Eduardo Huanca, jefe de la comisaría de El Pedregal, informó que durante la intervención se incautó un arma de fuego y ocho cartuchos de 9 milímetros, aunque no se descarta que se haya utilizado otro armamento en el tiroteo. La Policía continuará con las investigaciones para determinar la magnitud de la red criminal y las zonas que habrían sido afectadas por sus actividades ilícitas.

Fiscalía inició investigación
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal (Primer Despacho) inició una investigación preliminar contra las seis personas por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.
Fueron los agentes de inteligencia policial recibieron información sobre sujetos desconocidos que realizaban disparos en un terreno. Al arribar al lugar, se produjo un tiroteo seguido de una persecución que culminó con la captura de los seis implicados (cinco varones y una mujer) y el decomiso de las armas y municiones.
Frente a estos actos ilícitos, el fiscal adjunto provincial, Paulo Zegarra, ordenó una serie de diligencias. Estas incluyen el reconocimiento médico legal y dosaje etílico de los detenidos, la inspección técnico-policial en el lugar de los hechos con participación de peritos de escena del crimen, y la práctica de la prueba de absorción atómica a los investigados, entre otras.
