Ataque a periodistas. La marcha convocada por la “Generación Z” el 20 de septiembre, en protesta contra Dina Boluarte y el Congreso, culminó con nuevos episodios de violencia. Durante la manifestación, cinco periodistas, incluyendo reporteros y camarógrafos, fueron atacados por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes lanzaron perdigones y agredieron físicamente a los comunicadores. Según el Observatorio de Libertad de Prensa de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), los reporteros fueron víctimas de la represión mientras cubrían los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes.
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Periodistas fueron atacados
Alrededor de las 7:47 p. m., Jahaira Pacheco, reportera de Exitosa Noticias, y Percy Grados, camarógrafo de la misma cadena, fueron alcanzados por perdigones en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Junín. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Rebagliati. Poco después, César Zamalloa, fotoperiodista de Hildebrandt en sus Trece, sufrió heridas en la pierna y la cadera por proyectiles mientras cubría los disturbios. A pesar de identificarse como prensa, fue agredido por los policías, quienes lo forzaron a retroceder.
Ya entrada la noche, alrededor de las 10:00 p. m., Diego Quispe, periodista de Ojo Público, recibió impactos de perdigones en la espalda y brazo en el cruce de Miró Quesada con Santa Rosa. Gabriel García, fotoperiodista del mismo medio, también fue víctima de agresiones en la avenida Abancay, donde varios reporteros gráficos fueron golpeados con varas y escudos, a pesar de estar acreditados. Además, Juan Zapata, fotoperiodista del portal Wayka, denunció hostigamiento y empujones por parte de la Policía en los alrededores de la Defensoría del Pueblo.
Críticas al masivo despliegue de la policía nacional
El gobierno desplegó casi 5,000 efectivos de la Policía Nacional en el Centro de Lima, lo que generó críticas en redes sociales. La presencia masiva de agentes rodeando la Plaza San Martín y bloqueando el acceso de los manifestantes a la movilización fue vista por muchas organizaciones sociales como un intento no solo de controlar, sino de estigmatizar la protesta. Las plataformas digitales se inundaron de cuestionamientos hacia el Ejecutivo, acusando al gobierno de destinar miles de policías para frenar las marchas, mientras no se percibía acción efectiva frente a la delincuencia y el crimen organizado.
Desde el inicio de la jornada, cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia Nicolás de Piérola y Carabaya, la represión se hizo evidente. La Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas, lo que desató estampidas y situaciones de alta tensión. Las organizaciones civiles denunciaron el uso excesivo de la fuerza, alegando que el verdadero objetivo era intimidar a quienes se oponían al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte, además de impedir el acceso a áreas clave como el Parlamento.
