Un megaoperativo simultáneo en Lima, Arequipa y Tumbes permitió la desarticulación de la banda criminal Desa II, dedicada a la extorsión y vinculada a casos de sicariato. La intervención, ejecutada la madrugada de este martes 9 de setiembre, fue anunciada por el titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, quien destacó que se trata de uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en lo que va del año.
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El despliegue policial movilizó a 600 efectivos de la PNP, quienes allanaron 32 inmuebles, incluido un pabellón del penal de Huacho, donde operaban algunos integrantes de la organización. El operativo dejó 24 detenidos, en su mayoría de nacionalidad venezolana, entre ellos el presunto cabecilla de la banda.
En Arequipa, las autoridades lograron la captura de Janet Begazo Martínez, de 33 años, considerada pieza clave en la estructura financiera de la organización. Según fuentes policiales, la mujer se encargaba de recibir y administrar el dinero de las extorsiones dirigidas principalmente a transportistas del norte de Lima, una modalidad criminal que habría dejado al menos cinco víctimas mortales.
Durante el operativo, la Policía incautó vehículos, equipos tecnológicos, explosivos, dinero en efectivo, celulares y documentos relevantes. Además, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se ordenó el congelamiento de 50 cuentas bancarias y el bloqueo de operaciones por cerca de 20 millones de soles, recursos que eran lavados a través de siete empresas fachada mediante la modalidad del “pitufeo” para enviar fondos a Ecuador, Colombia y Venezuela.
Banda Criminal: extorsión y muertes de transportistas
El ministro Malaver exhortó a empresarios y transportistas a denunciar los casos de extorsión. “Gracias a este golpe vamos a esclarecer varios hechos de sangre. Necesitamos que las víctimas colaboren acercándose a las dependencias policiales o llamando a la línea 111”, señaló.
El megaoperativo está a cargo de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 2). Según las pesquisas fiscales, la organización criminal se habría infiltrado en grupos de WhatsApp de las empresas agraviadas con el fin de exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios y/o semanales de dinero.
En caso de no cumplir con sus pedidos, se concretaba las extorsiones que también incluían atentados contra los conductores y las unidades móviles. Al menos, habrían cinco personas fallecidas a causa de estos actos ilícitos.
La organización criminal también contaría con otro brazo delictivo, dedicado al lavado de activos, que se ha visto evidenciado en el uso de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones a través de cuentas digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros para el ocultamiento ilícito del dinero. El dinero ilícito habría salido hacia Venezuela y Colombia, para retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada.
