La situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente interna en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, ha escalado tras su negativa a ser trasladada al Penal Barbadillo para una diligencia judicial vinculada a su proceso por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. La interna tomó esta decisión como una forma de protesta ante lo que considera una serie de abusos cometidos por las autoridades del establecimiento penitenciario.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado el 16 de julio para aclarar los hechos. Según su versión, Chávez fue evaluada médicamente a las siete de la mañana del día anterior, como parte del protocolo de traslado, pero se negó a salir del penal al momento de ser conducida por el personal penitenciario y policial. La exfuncionaria informó a las autoridades su decisión de iniciar una huelga de hambre para exigir que se atiendan sus demandas.
Ante esta negativa, el INPE recordó que faltar sin justificación a una diligencia judicial representa una falta grave, según el Código de Ejecución Penal, y por ello ha iniciado un proceso administrativo disciplinario en su contra.
El organismo también informó que, como consecuencia de las denuncias presentadas por Chávez, se ha encargado a la Oficina de Asuntos Internos la investigación de los hechos. Estas pesquisas preliminares tienen como fin esclarecer la situación y establecer posibles responsabilidades.
En cuanto a su estado de salud, el INPE detalló que el 11 de julio una junta médica recomendó atención especializada en gastroenterología para la interna, y que ya se están tomando las medidas necesarias para su atención.
Betssy Chávez inicia huelga de hambre y denuncia maltratos en el INPE
Por su parte, Chávez ha elevado el tono de sus denuncias a través de una carta dirigida a las autoridades judiciales y al personal encargado de su traslado. En ella, acusa directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, y a su equipo, de permitir amenazas en su contra, imponer castigos colectivos y fomentar un clima de hostilidad. Según su abogado, Raúl Noblecilla, entre sus quejas están la restricción del uso de servicios higiénicos durante los fines de semana, el acceso limitado a pasillos del penal y la reducción de visitas tanto familiares como de su defensa legal.
La ex primera ministra ha llegado incluso a denunciar posibles delitos dentro del penal, como chantaje sexual, sobornos y pagos por beneficios, calificando a la dirección del establecimiento como parte de una presunta organización criminal. Por ello, solicita la intervención del Ministerio de Justicia y del INPE, así como la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.
