La crisis institucional en el Ministerio Público alcanzó un nuevo punto de tensión este martes, luego de que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Tomás Ríos Patio, dirigiera un oficio a la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitando su intervención para permitir el ingreso a la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay. El objetivo es ejecutar la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
Esta medida fue denunciada durante una audiencia judicial por el fiscal adjunto supremo Luis Ballón Segovia, quien alertó sobre una «amenaza cierta» de que se utilice la fuerza pública en violación de la autonomía e institucionalidad del Ministerio Público.
En esa línea, Ballón pidió al Poder Judicial resolver ese mismo día el pedido de suspensión por 36 meses contra Benavides, formulado por presunta obstrucción en las investigaciones del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Sin embargo, el juez supremo Segismundo León Velasco concluyó la audiencia señalando que la resolución será notificada dentro del plazo que establece la ley.
La controversia se agrava debido a que la fiscal de la Nación actual, Delia Espinoza, ha solicitado hasta en tres ocasiones que la JNJ le remita la resolución y el acta oficial que valida la reposición de Benavides.
Según ha manifestado públicamente, Espinoza considera que se está intentando forzar una intervención al Ministerio Público, y ha relacionado esta presión con iniciativas legislativas como la del congresista Américo Gonza, quien propuso una reforma constitucional para reorganizar la institución fiscal.
Será la Policía Nacional que evaluará el pedido de la JNJ
Desde el Ministerio del Interior, el titular del sector, Carlos Malaver, indicó que corresponderá a la Policía Nacional evaluar el pedido con total independencia operativa, aunque no se ha precisado si se procederá efectivamente al uso de la fuerza pública.
Por su parte, la JNJ ha reiterado que el retorno de Patricia Benavides al cargo debe cumplirse de inmediato, señalando que, en caso de negativa, se adoptarán las medidas correspondientes para ejecutar la decisión, incluyendo el posible uso de la fuerza. El país observa con preocupación el curso de los hechos, ante una pugna institucional que podría escalar aún más.
